La Patagonia está en peligro de ser cercenada. En 2021 se registraron más de 7.000 parcelaciones en la Región de Aysén, el doble que en 2020. En septiembre de este año ya se había superado el número de parcelaciones inscritas respecto del año pasado. Estos loteos se encuentran distribuidos por todo el territorio, a la orilla de ríos y lagos, en islas vírgenes, entre bosques nativos; se venden a precios accesibles (a partir de 8 millones de pesos) por medio de redes sociales como Instagram o Facebook. Incluso algunos proyectos se visten de conservacionistas, al incluir Derechos Reales de Conservación (DRC), pero basta con analizar lo que destinan a ello para advertir que de conservación tienen poco o nada.
Pero esta dramática realidad no solo sucede en la Patagonia, sino que es pan de cada día en el resto del país. Las zonas rurales colindantes a ciudades como Puerto Varas, Frutillar y Valdivia, por ejemplo, se han visto afectadas por el crecimiento inarmónico de estas ciudades, fenómeno que se agravó aún más durante la pandemia, producto de la masiva migración que hubo desde Santiago al resto del país. A ello se suman los loteos brujos y las tomas ilegales en el borde costero entre La Serena y Antofagasta, convirtiéndose en una amenaza para los frágiles ecosistemas marinos.
Según un estudio de Allard, Correa y Sánchez (CEP, 2022), las parcelaciones rústicas han transformado, ilegalmente, la destinación agrícola, ganadera y forestal de la tierra en una habitacional, a vista y paciencia del Estado, utilizando el Decreto Ley 3.516, sobre división de predios rústicos (ver sentencia de la Corte Suprema 47.610-2016). Este decreto permite la división de terrenos ubicados fuera del límite urbano en lotes de al menos 5.000 metros cuadrados, en la medida en que no se altere su destinación agrícola, ganadera o forestal, salvo que se obtenga la correspondiente autorización gubernamental de cambio de uso de suelo, trámite que en la mayor parte de los casos no se ha realizado.
¿Por qué ha sucedido esto? Los autores del estudio consideran que la principal causa del problema es la rigidez de la regulación vigente, que no cuenta con instrumentos adecuados para el desarrollo del suelo rural, que comprende el 98,7% de nuestro territorio continental. El problema de fondo es que se está tratando de resolver un asunto de planificación territorial y urbanización con una insuficiente ley de origen agrícola. Los loteos rurales de los últimos 40 años son el resultado del fracaso de la planificación urbana y territorial nacional. Llegó la hora de atacar el problema de verdad, establecer criterios claros para el ordenamiento territorial de las zonas de transición urbano-rural, de manera de dar cabida al crecimiento poblacional dentro y fuera de centros urbanos en equilibrio con la naturaleza y la actividad silvoagropecuaria.
Así, la solución evidentemente no debe ser prohibir las parcelaciones rústicas, sino avanzar en un marco normativo, que permita habitar las áreas rurales de forma sustentable, acorde a las especificidades de cada territorio, y fortalecer a las instituciones del Estado para que fiscalicen el cumplimiento de la normativa. Esto exige, sin embargo, un acuerdo político previo. Tenemos que acordar como sociedad las condiciones y reglas que vamos a establecer para el desarrollo habitacional del territorio rural, de manera de preservar la naturaleza y su biodiversidad, la industria silvoagropecuaria, los estilos de vida rurales, y al mismo tiempo responder a la necesidad de las personas de vivir en zonas rurales. No se requiere inventar la rueda; necesitamos copiar las mejores experiencias internacionales. Esta nos enseña que la industria inmobiliaria, que se erige como una amenaza, si existen las reglas y los incentivos adecuados, puede convertirse en un gran aliado de la conservación de la naturaleza y los estilos de vida rurales. Este asunto no puede seguir esperando.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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