Todavía no tenemos texto constitucional. Aclarar este punto es clave, pues ya han salido varias personas atacando el actual proceso, cuyo eventual fracaso sin duda los beneficiaría. El miércoles 4 de octubre se cerraron las votaciones del pleno del Consejo Constitucional. A partir de ayer sábado, los expertos tendrán cinco días para revisar el borrador y proponer observaciones que agregan, suprimen o modifican el actual borrador. Esta ventana para presentar modificaciones es clave, pues permite corregir no solo los excesos que ha cometido el Consejo, sino también aquellas partes que no quedaron bien resueltas. Estas observaciones deberán ser votadas por el pleno del Consejo. Recién ahí tendremos un texto definitivo aun cuando no completo, pues aquellas observaciones que no obtengan los votos suficientes para ser aprobadas (³/₅) ni rechazadas (⅔) serán delegadas a una comisión mixta, cuya tarea es proponer soluciones a los puntos en cuestión que deberán ser luego votadas por el Consejo.
Como pueden ver, los próximos días son críticos para el proceso constitucional y también para el futuro de Chile. Este es el momento de la política y, tal como dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, son los partidos políticos los llamados a jugar esta última carta. Para esa negociación se debe tener a la vista, que una Constitución no está llamada a resolver las diferencias políticas existentes. La Constitución es un ejercicio de renuncia, en la medida que establece los mínimos comunes y el mecanismo para resolver democráticamente nuestras diferencias propias de una sociedad plural.
Teniendo a la vista lo que nos jugamos en este proceso, vale la pena resaltar aquellos aspectos en los cuales el actual borrador avanza respecto de lo que tenemos hoy y alertar sobre los puntos en los cuales retrocede. Según datos del C22 del CEP, el 43% de las votaciones realizadas por el Consejo fueron aprobadas por unanimidad; ello sin duda es una base sobre la cual construir. Los capítulos que gozan de menor acuerdo según las votaciones son el de Poder Judicial, Tribunal Constitucional, justicia electoral, protección del medio ambiente y procedimiento cambio constitucional. Si revisamos el contenido del borrador, este ofrece en comparación con la Constitución actual avances importantes en el sistema político, en la definición del Estado como social y democrático de derecho, en la protección de la biodiversidad, en la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, entre otros. Sin embargo, el borrador también contiene excesos que son dañinos para la democracia y ponen en riesgo la posibilidad de aprobarlo. Por ejemplo, la definición de niño en el artículo 14 da pie para que el aborto sea inconstitucional. El artículo 5 zanja el debate sobre el origen de los derechos, al establecer que estos emanan de la naturaleza humana. Ello contradice explícitamente al artículo 16, numeral 14, letra a), que no permite al Estado establecer ideas como únicas u oficiales. La exención de las contribuciones a la primera vivienda, las determinaciones al financiamiento de la educación, las restricciones al currículum nacional, la obligación de un sistema mixto en los seguros de salud y la obligación de cotizaciones previsionales individuales son medidas propias de un programa de gobierno no de una Constitución, pues obstaculiza el debate legítimo sobre cuestiones claves para la ciudadanía e impide que determinados proyectos políticos puedan desarrollarse. Para estos y otros excesos la goma de borrar es el mejor aliado. Un desafío mayor presenta los capítulos de Poder Judicial y reemplazo constitucional, que no quedaron bien diseñados y exigen, por tanto, ser reemplazados por otro modelo.
Quedan pocos días y las encuestas no son alentadoras. Pero hay batallas que valen la pena darlas, incluso a riesgo de perder, y esta es la madre de todas las batallas.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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