Pareciera que la reforma tributaria terminó de morir con el escándalo de la Fundación Democracia Viva. ¿Cómo se justifica ante la ciudadanía aumentar los impuestos, que es la plata que el Estado le quita a las personas (naturales o jurídicas), si el mismo Estado despilfarra los recursos e incluso personas que trabajan para el gobierno se los roban?
El caso de Democracia Viva escandaliza por lo burdo (ni siquiera se preocuparon de poner palos blancos), pero los montos implicados son insignificantes para el presupuesto fiscal. Más preocupante es el crecimiento exponencial del empleo público, que le cuesta millones de dólares al Estado. Un estudio de la Universidad San Sebastián muestra que en el trimestre móvil febrero-abril de este año, los asalariados públicos aumentaron en 5,7%, es decir, en casi 64 mil personas; y cuesta creer que todas estas estén ahí por su perfil profesional y no sean más bien apitutados políticos.
Otro foco similar de preocupación se cierne sobre los programas que tiene el Estado. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia los ha evaluado y la mayoría sale con nota roja. Sin embargo, a la hora de discutir el presupuesto nadie cuestiona que se sigan manteniendo programas que no son efectivos. Esta es una manera más elegante de despilfarrar la plata, recursos de todos los chilenos que terminan beneficiando más a los empleados que trabajan en dichas iniciativas que a los supuestos beneficiarios.
Así entonces, ¿cuánta es la grasa del Estado? Tal vez se acerca a las cifras que el gobierno quiere recaudar con la reforma tributaria. Por supuesto, no es ninguna novedad que el Fisco sea un botín, lo que sorprende es que este botín sea aún más preciado por quienes dicen defender al Estado. Y da lástima constatar que ningún gobierno ha tenido la voluntad ni la capacidad suficiente para disminuir esta grasa.
Pero la reforma tributaria comenzó a morir antes del escándalo de Democracia Viva; me atrevería a decir que la lápida la puso el mismo Presidente en su cuenta pública. En dicho acto recalcó que esta era fundamental para pagar la deuda histórica de los profesores, condonar el crédito con aval del Estado (CAE), financiar la sala cuna universal, entre otras iniciativas. ¿Realmente son la condonación del CAE y la deuda histórica una prioridad nacional?
Estoy convencida que, junto con modernizar el Estado, necesitamos una reforma tributaria que permita incentivar la inversión y con ello el crecimiento de la economía, con una consecuente mayor recaudación. Pero necesitamos recaudar más para terminar con las listas de espera quirúrgica, que en 2021 le costaron la vida a cerca de 40 mil personas. En particular, es brutal pensar que en Chile el Estado condenó a muerte a 40 mil personas, negándoles atención oportuna. Pero resulta mucho más brutal que esto no sea todavía una prioridad nacional y que para el gobierno parezca más importante la deuda histórica que salvar la vida de las personas.
Asimismo, necesitamos invertir más recursos en la educación parvularia y escolar, para de esta forma avanzar en la entrega de mejores oportunidades a las generaciones futuras. El extensísimo cierre de los establecimientos escolares durante la pandemia, apoyado por el Colegio de Profesores y gran parte de los que hoy son gobierno, habiendo sido advertidos por los expertos de las consecuencias, ha causado un terremoto educacional, afectando gravemente no solo los aprendizajes de los niños, sino también su salud mental. Cerrar las brechas históricas de aprendizaje, así como las que generaron las medidas de mitigación de la pandemia, debieran ser también una urgencia nacional. No obstante, increíblemente para el gobierno es mucho más relevante condonar la deuda del CAE a jóvenes privilegiados que estudiaron en la educación superior y que tienen condiciones muy favorables para pagarla.
Mientras esta administración mantenga sus prioridades equivocadas, resulta no solo poco convincente realizar una reforma tributaria, sino que incluso ofensivo.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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