Por distintos frentes nuestro sistema educativo hace agua. Tal vez el más visible sea la crisis en el servicio local de la región de Atacama, donde los docentes pararon por 87 días vulnerando el derecho a la educación de 30 mil niños. El fracaso de esta política se debe en parte a su mal diseño, que fue advertido con insistencia por diversos expertos durante la tramitación de la ley, y también en parte a su mala implementación y gestión. No se tuvo el coraje político para combatir la sobredotación, fusionar establecimientos y contratar profesionales con las competencias necesarias. Por el contrario, los servicios locales se convirtieron en el nuevo botín político.
A ello se suma la crisis que está viviendo el mundo escolar. El año 2018 se estimó que cerca de 180 mil niños y jóvenes estaban excluidos del sistema escolar. Este número aumentó en la pandemia y aun cuando en 2022 se revincularon 17 mil jóvenes, solo en 2023 volvieron a desertar 50 mil (Ministerio de Educación). También aumentó la inasistencia grave. En septiembre, el 9% de los estudiantes no asistió ningún día al colegio, el 40% tuvo una inasistencia grave (menor a 85%) y el promedio de asistencia fue 78%. Ello en un contexto de grave retroceso en los aprendizajes producto del prolongadísimo cierre de establecimientos durante la pandemia. El 60% de niños de 4° básico no tiene los conocimientos ni ha desarrollado suficientemente las habilidades de comprensión lectura propias para su edad, en matemática este porcentaje aumenta a 82%. Los liceos de excelencia han bajado su rendimiento en más de 0,5 desviación estándar en la última década, equivalente a 1,5 años de aprendizaje escolar. Para el terremoto de 2010 Chile gastó cerca de 4 mil millones de dólares en su reconstrucción. ¿Cuánto ha invertido el gobierno en la peor tragedia educativa del siglo? El presupuesto del plan de reactivación contempló 287 millones de dólares este año. La principal medida de este plan han sido las tutorías, que han llegado solo a 22 mil estudiantes entre segundo y cuarto básico, que corresponden al 0,6% de los escolares. Juzgue usted.
Pero este no es el único frente. La Universidad de Aysén, creada recientemente, se encuentra en una severa crisis financiera y administrativa. El problema financiero es en parte consecuencia de su bajísima matrícula. ¿Se puede llamar universidad a una institución de 600 estudiantes? Un proyecto que nunca fue viable ni razonable está enfrentando ni más ni menos que la realidad, esa que sus creadores decidieron ignorar. Preocupa también el futuro de los CFT estatales. La falta de matrícula y las dificultades para encontrar profesores es una amenaza para la viabilidad de estos proyectos y la calidad de la formación que entregan. ¿No hubiese sido más justo para estudiantes de zonas remotas o rurales una beca especial de manutención, asegurándoles así las mismas oportunidades que los jóvenes de las ciudades? La gratuidad en educación superior es otra política cuestionable. Ésta ha afectado negativamente el financiamiento de las universidades, especialmente de aquellas más complejas.
Las profundas reformas del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet no cumplieron con lo prometido y hoy sufrimos sus consecuencias. El fin de los liceos de excelencia, junto con una deficiente desmunicipalización, hundieron aun más a la alicaída educación pública. El fin del lucro, de la selección y del copago no disminuyeron la segregación ni aumentaron la calidad, como prometían. La carrera docente no ha logrado atraer a personas más talentosas y con vocación a la profesión, y los CFT estatales han tenido un magro impacto en la equidad de las oportunidades y su futuro todavía es incierto; mientras la educación parvularia sigue invisibilizada. Frente a este escenario, la gran política educativa anunciada por el Presidente Boric es la condonación del CAE, una medida regresiva. Quienes hicieron de la educación su bandera de lucha, hoy la tienen abandonada.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP
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