El Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley para perfeccionar los Servicios Locales de Educación (SLEP), que reemplazan a los municipios como sostenedores de la educación pública. Para evaluar este proyecto es importante tener presente, primero, los nudos críticos de la educación municipal y, segundo, los problemas que presentan los actuales SLEP.
Existe relativo consenso sobre los nudos críticos de la educación municipal. En primer lugar, hay una dilución de responsabilidades relativas a lo técnico-pedagógico entre el Ministerio de Educación y los municipios. En segundo lugar, existe conflicto de intereses políticos. La gestión de la educación en los municipios depende fuertemente de la voluntad del alcalde de turno. La mayor parte de las veces, los alcaldes no están dispuestos a tomar decisiones que implican costos políticos altos pero que son necesarios, como, por ejemplo, el cierre o fusión de establecimientos o ajustar la planta docente. Por el contrario, la educación pública era un perfecto botín para pagar favores políticos a costa de los niños. En tercer lugar, los equipos directivos de las escuelas carecían de autonomía para gestionar sus establecimientos.
Lamentablemente, el diseño de los SLEP no corrige estos nudos que son neurálgicos. Es más, la nueva arquitectura de la educación pública agudiza el problema. La dilución de las responsabilidades técnico-pedagógicas entre el SLEP y el Ministerio de Educación continúan, pero a ellas se suma la confusión que genera la ley respecto de las responsabilidades de los establecimientos escolares y los SLEP, y entre la Dirección de Educación Pública y el Comité Directivo Local. Los conflictos de intereses políticos también se mantienen en el nuevo sistema e incluso se acrecientan. La nueva educación pública es un botín del gobierno de turno y, por lo mismo, ha sido incapaz de racionar su oferta educativa, aumentándola de forma oportuna y reduciéndola cuando sea necesario; así como tampoco para ajustar la corrupta sobredotación que existe. Basta mirar lo que ha pasado en Atacama y Valparaíso para darse cuenta que en este punto incluso se puede haber retrocedido. Con los nuevos SLEP tampoco se avanzó en mayor autonomía para los establecimientos. Todo lo contrario. La arquitectura está pensada de arriba hacia abajo, centralizando las decisiones más importantes en el SLEP, dejando poca autonomía para los directores. A ello hay que sumarle nuevos problemas. La gestión de los recursos se ha vuelto más burocrática y lenta que en el sector municipal, pues al ser los SLEP parte de la orgánica del Estado, sus recursos se rigen por la Ley de Subvenciones y además por la Ley de Presupuestos. Otro problema es el desproporcionado tamaño de los SLEP, que ha mostrado ser ineficiente.
Resulta incomprensible que el proyecto de ley que busca perfeccionar la educación pública no resuelva prácticamente ninguno de estos nudos y avance decididamente en la dirección contraria. El proyecto no modifica la figura jurídica de los SLEP, manteniendo uno de sus principales problemas: la gestión de los recursos. Además, exacerba una arquitectura engorrosa que diluye responsabilidades en vez de acotarlas y no avanza en entregar más responsabilidades a los equipos directivos de los establecimientos, sino que propone como gran solución crear una superestructura por sobre las de la DEP y el Ministerio de Educación: el Comité de Ministros.
El diseño kafkiano de la institucionalidad responde a la desconfianza que permea todo el sistema. Dicha desconfianza es razonable en la medida en que la educación pública siga estando capturada políticamente. La arquitectura de la nueva educación pública debe partir desde la escuela y los niveles superiores deben ser funcionales a la escuela y no al revés. Esta nueva arquitectura debe estar basada en la confianza, pero ello solo será posible si la cúpula política decide devolver el botín de la educación pública a los niños.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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