La filtración del audio, donde se escucha a Daniel Sauer y sus abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, ha sido un terremoto grado 10. Todavía no sabemos el origen de la filtración, tampoco si esta es legal. Por cierto, si la filtración es ilegal se estaría vulnerando el derecho de los implicados, pero frente a los contenidos del audio el origen de la filtración pareciera ser el menor de los males. De ahí que resulte tan chocante la declaración pública del abogado Luis Hermosilla, donde dice ser víctima de una maniobra siniestra. Al parecer el término siniestro es equívoco, pues si la filtración del audio es algo siniestro, entonces ¿con qué adjetivo se podría calificar el plan que urde Hermosilla con Villalobos para sobornar a agentes de organismos estatales con el fin de quemar oficinas, ocultar información, bloquear computadores y con ello obstruir la justicia? ¿Acaso no es más siniestro crear un mecanismo ilegal de financiamiento a través de la emisión directa o de terceros de facturas ideológicamente falsas que luego se transan directamente o como activo subyacente de un fondo de inversión, perjudicando económicamente a cientos de personas, que es lo que hacía el cliente de Hermosilla, que filtrar una conversación privada? Existe un abismo entre el eventual delito de filtración del audio y los delitos que se narran en este; impresionante que una persona como Hermosilla no sea capaz de percibirlo y tenga la desfachatez de victimizarse. ¿O será que las coimas no son algo tan irregular y de ahí la indignación de Hermosilla?
Precisamente aquí radica la gravedad de este caso. En primer lugar, porque pone en tela de juicio la probidad de instituciones estatales claves, como son el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF). En el audio se oye a Hermosilla decir que él conoce los precios de mercado y a Sauer ufanarse de cómo ya ha profitado de los sobornos al SII. De ser ciertos estos hechos, la confianza en el Estado se iría a pique, horadando los cimientos de la vida en comunidad. En segundo lugar, porque siembra la duda sobre el quehacer de los abogados en general, más allá del caso en particular. Sobornar a los funcionarios públicos para obstruir la justicia es propio de narcotraficantes, no de abogados con títulos universitarios que además gozan de prestigio. ¿O estoy completamente equivocada y esta es una práctica mucho más común de lo que nos parece? Isidro Solís, ex ministro de Justicia, dijo explícitamente que el soborno era una práctica corriente hace varios años atrás, sin embargo, él da a entender que hoy esas prácticas están de retirada. ¿Realmente lo están? Si los abogados en el ejercicio de su profesión se comportan como delincuentes, entonces no sirven las leyes, no hay justicia posible, y, más grave aún, fracasa la democracia en su sentido más profundo. Otra arista que hace este caso tan grave tiene relación con el tamaño de la maquinaria para estafar que está en juego. La cantidad de sociedades y empresas involucradas, el número de facturas falsificadas, los miles de millones de pesos y la cantidad de personas involucradas y afectadas es asombrante. ¿Cómo un abogado tan prestigioso estaba dispuesto a cometer delitos para defender a un delincuente de esta envergadura?
Pero tal vez lo más chocante no son los delitos cometidos o por cometer, sino la ausencia de pudor, la falta de conciencia del mal que estos actos generan. La propia Leonarda dice con desparpajo tras sufrir un asalto no entender lo que le pasa a Chile: “este país se volvió cualquier huevada”; como si asaltar a una persona y robarle un aro fuera mucho más grave que sobornar a funcionarios públicos. Si estamos como estamos se debe, en parte importante, al daño institucional que causan personas como ellos. Como nunca antes necesitamos saber que en nuestro país existe justicia, que las instituciones funcionan (así por lo demás lo demuestra la sanción de la CMF), pues lo que está aquí en juego no es más ni menos que el sustrato del pacto social.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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