En Chile cerca de 3.000 niños y jóvenes no tienen derecho a la educación obligatoria, a pesar de que nuestra Constitución asegura a todas las personas este derecho: “La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.”
¿Cómo es posible que en el siglo XXI uno de los derechos más básicos no pueda ser resguardado adecuadamente por el gobierno? La causa, según el ministro de Educación, sería el alto número de inmigrantes que habría ingresado en los últimos dos años a Chile. Entre 2022 y marzo 2024 se habrían entregado más de 150 mil Identificadores Provisorios de Estudiante a niños y jóvenes inmigrantes. Si el gobierno conocía el número de nuevos inmigrantes en edad escolar, ¿por qué no hizo nada? Una de las tantas ventajas del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) es que permite conocer el número de cupos totales y las vacantes libres que hay para cada nivel y por escuela, así como el número de postulantes por nivel, comuna e incluso barrio. ¿No es entonces responsabilidad del gobierno anticiparse a esta situación promoviendo o financiando la creación de nuevos cupos? Y si la infraestructura crítica del país no da abasto, ¿no debiera el gobierno regular la inmigración de manera que el número de inmigrantes anual esté en línea con las capacidades del país?
Las comunas más críticas son Alto Hospicio, Pozo Almonte, Copiapó y Lampa. A partir de los datos del SAE del año pasado, que subestima la demanda, ya se sabía que, por ejemplo, en Alto Hospicio y Pozo Almonte la demanda superaba la oferta escolar en primero básico. En Lampa los datos mostraban un escenario futuro complejo, existiendo ya un déficit de vacantes en el nivel de kínder y un margen muy estrecho en primero básico. ¿Cómo es posible que teniendo a la vista los resultados del proceso anterior el Ministerio no haya tenido una estrategia para abordar este problema? Alto Hospicio es un caso emblemático. Solo el 3% de los cupos en primero básico corresponde a una escuela pública, el 97% son ofrecidos por colegios particulares subvencionados. ¿Por qué el Servicio Local no fue capaz de responder a la demanda de su territorio, que es una de sus funciones claves?
La ley de inclusión y la agobiante maraña normativa y administrativa que rige a los establecimientos escolares ha desincentivado y puesto trabas al sector privado a abrir nuevos establecimientos, incluso ahí donde existe demanda insatisfecha, mientras que el sector público sigue permaneciendo impávido ante las demandas territoriales y de las familias. Sin duda el principal responsable de este drama es el gobierno, no así el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), como algunos han salido diciendo.
El SAE solo optimiza la asignación de los estudiantes en los establecimientos en función de las preferencias de las familias, buscando la mejor combinación posible para que el mayor número de estudiantes quede asignado en alguna de sus preferencias. ¡Pero el SAE no hace magia! Este no puede asignar más estudiantes que los cupos que ofrece el sistema escolar. Tampoco puede asegurar que todos los estudiantes queden asignados en sus preferencias, así como tampoco lo hacía el sistema anterior. Si un colegio ofrece 100 vacantes y postulan 1.000 estudiantes, 900 estudiantes no quedarán admitidos y eso independientemente del sistema de admisión que se use. La ventaja del SAE, sin embargo, es que precisamente permite conocer el número de niños que se encuentra sin colegio, porque ahora la información está centralizada, mientras que antes no existía el dato. Y saber el número de postulantes por establecimiento, permite planificar la oferta escolar en función de las preferencias de las familias, incentivando, por ejemplo, la creación de más cupos en los establecimientos más demandados. Aunque a la derecha todavía le cuesta entender, el SAE es un aliado de la libertad de enseñanza, no su enemigo.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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