En los últimos meses, hemos visto cómo diversas instituciones, tanto públicas como privadas, han optado por cerrar oficinas de inclusión y diversidad. Se argumenta que “ya no son necesarias”, que “los derechos están garantizados” o que “es momento de enfocarnos en otros temas”. Sin embargo, quienes sostienen estas afirmaciones parecen olvidar un detalle fundamental: los derechos no se garantizan por inercia, sino por la voluntad política y social de sostenerlos. Y hoy, cuando vemos cómo los femicidios y la violencia de género persisten año tras año, resulta evidente que el trabajo de estas oficinas no sólo sigue siendo necesario, sino urgente.
La eliminación de espacios dedicados a la inclusión es una señal preocupante. No porque estas oficinas sean el único camino para avanzar en igualdad, sino porque su existencia ha sido una herramienta concreta para visibilizar, prevenir y atender la discriminación estructural que aún impera. No es casualidad que estos cierres ocurran en un contexto en el que los discursos reaccionarios buscan instalar la idea de que la equidad ya se alcanzó, cuando la realidad contradice esa narrativa a diario.
Un argumento común entre quienes defienden estas eliminaciones es que “todos somos iguales”, por lo que no debería haber espacios “especiales” para determinados grupos, pero esta afirmación ignora un punto clave: la igualdad formal no es lo mismo que la igualdad real. En teoría tenemos los mismos derechos; en la práctica, hay sectores que siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a esos derechos. Las oficinas de inclusión no crean privilegios, sino que buscan reparar desigualdades históricas y garantizar que la equidad no sea sólo una declaración de intenciones, sino una realidad tangible.
Cada año seguimos contando mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Seguimos viendo cómo la comunidad LGBTIQ+ enfrenta violencia en las calles, en los espacios laborales y en sus propios hogares. La brecha salarial persiste. La precarización del trabajo de cuidados sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres y -aun así- hay quienes creen que no queda nada por hacer.
Si algo nos enseña la historia es que ningún derecho se mantiene sin esfuerzo. La falsa sensación de que “ya llegamos” ha sido la antesala de múltiples retrocesos en distintos momentos y geografías. No nos equivoquemos: cuando desaparecen espacios dedicados a la equidad, los problemas no desaparecen con ellos, sólo se invisibilizan y, en esa invisibilización, se perpetúan.
Las oficinas de inclusión y diversidad no son una concesión simbólica ni un capricho ideológico de un determinado sector político. Son el reflejo de una necesidad social urgente. Su eliminación no es un signo de progreso, sino una señal de que hemos bajado la guardia y una trampa que quiere convencernos de que ha terminado la historia, cuando aún hay mucho por lo que avanzar.
Por Tammy Pustilnick Arditi, directora de género y diversidad sexual, Universidad de Concepción, socia fundadora Corporación Descentralizadas.
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