El resultado del plebiscito del pasado domingo, con su amplio rechazo al proyecto constitucional presentado, debería conllevar también cuotas mayores de realismo en los diversos ámbitos políticos, entre ellos el internacional. Tal como lo planteamos en una columna anterior, y lo reconocen políticos argentinos, la aprobación del proyecto de Constitución habría conllevado exportar niveles significativos de conflictividad a ese país.
Recientemente, el Presidente Gabriel Boric ha señalado: “Nosotros tenemos posibilidades de desarrollar y ser líderes en energías renovables, en particular el hidrógeno verde. Y la energía eólica. Y exportarlas al mundo. Y por eso necesitamos inversión y alianzas con otros países”. Consultado respecto a qué se puede hacer a nivel regional para presionar a otras naciones a actuar frente a la crisis climática, sostuvo: “Por ejemplo, condicionar la exportación de materias primas o de energía a cambios en el comportamiento de consumo de los países más desarrollados”, respondió el Mandatario.
Nuestro país es un importante exportador de materias primas y una parte significativa de ellas son productos que pueden ser sustituidos por elementos similares provenientes de otros países. En otras palabras, no tenemos materias primas de carácter estratégico o escaso, menos en una era de cambios vertiginosos. Un caso relevante es el desarrollo del hidrógeno verde producido en Magallanes. Si lo analizamos con esta perspectiva, podría significar la producción de un combustible que conlleve ventajas estratégicas y que nos una de una forma más virtuosa con quienes lo demandan. Eso lo entiende el gobierno alemán, empujado a cambiar las fuentes y el origen de sus combustibles ante la guerra de Rusia contra Ucrania. Quienes requieran de este combustible ya están haciendo inversiones, pero si buscamos convertir a Chile en un proveedor masivo y seguro, se nos exigirá ciertas certezas para que la inversión sea segura y el suministro estable sin estar sometido a los vaivenes políticos internacionales o internos.
Utilizar el comercio internacional como arma política conlleva, sin lugar a dudas, la transformación de una posición privilegiada en un factor que busca desvirtuar las decisiones internas de otros países y condicionar sus comportamientos a lo que le impone quién detenta dicho elemento de presión. Hacerlo para imponer un cambio en el comportamiento del consumo de las personas es una decisión aún mucho mayor, más difícil y discutible.
En el pasado hemos visto cómo estados relevantes han utilizado su poder para imponer determinadas políticas, impidiendo o condicionando la venta de material de defensa, electrónico, combustibles, etc. El bloqueo americano contra Cuba es nuestro ejemplo más cercano.
En el caso de Chile, condicionar nuestra venta de materia prima a cambios conductuales de la población receptora de los envíos conllevaría el riesgo cierto de perder dichos mercados.
Es por ello sumamente relevante que las autoridades sectoriales orienten adecuadamente la mirada del gobierno, impidiendo que se irradien mensajes inconvenientes o que no favorecen los intereses nacionales.
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