Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
Un referéndum realizado en 2016 rechazó la intención de Evo Morales de repostularse por cuarta vez a la Presidencia de Bolivia, pero 12 meses después, una atropelladora sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional torció la voluntad popular y, desconociendo la expresa prohibición constitucional, habilitó su reelección.
Ensombrecida por una serie de irregularidades, la elección presidencial de 2018 dio lugar a semanas de convulsión social en ese país, las que unidas a la presión nacional e internacional impidieron la concreción de un fraude. En este vacío político, la entonces senadora Jeanine Áñez Chávez asumió la Presidencia constitucional de su país, lo que luego fue ratificado por el Tribunal Constitucional respectivo.
Áñez asumió el interinato durante un año y en noviembre de 2019 entregó el poder a Luis Arce, ganador de las elecciones presidenciales y ex ministro de Economía de Evo Morales. Confiando en el gobierno y justicia boliviana, la expresidenta permaneció en su país. Hace unos meses fue encarcelada, y días atrás sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La ONU, el Parlamento de la UE, el Comité contra la Tortura dependiente de la ONU y distintas democracias occidentales no tardaron en señalar que el proceso contra Áñez acusó fallas graves contra el principio de legalidad y el debido proceso, entre otros. En las últimas semanas, un grupo de expresidentes de la República de la región formularon también sus críticas, mientras que otros gobiernos, proclives ideológicamente a Morales, han guardado silencio.
Jeanine Áñez lleva presa más de un año en condiciones materiales y humanitarias graves e inhumanas, y las autoridades bolivianas han rechazado solicitudes para enmendar las mismas. Más que hacer justicia, se busca a través de ella atemorizar a la oposición y a la sociedad civil. Así, el proceso contra Áñez demuestra una erosión gradual y sigilosa de las instituciones democráticas en Bolivia y un uso autoritario de los mecanismos legales. A pesar de los positivos augurios que anunciaba la Presidencia de Luis Arce, el caso Áñez devuelve la mirada hacia atrás y dificulta la confianza internacional en la institucionalidad boliviana.
Habiendo Chile y otros estados reconocido a Jeanine Áñez como legítima Mandataria, es esperable representar nuestra profunda preocupación por su salud y detención. No nos puede ser indiferente que en nuestro entorno se respeten o no los derechos humanos.
No podemos dejar a un lado y fuera de los temas regionales este caso de encarcelamiento injusto de una expresidenta reconocida por la comunidad internacional. Debemos, como país democrático, apoyar cualquier acción que permita enmendar esta injusticia, de manera prudente, pero firme.
