Columna de Teodoro Ribera: La política exterior en el laberinto constitucional

De concretarse el tipo de Estado que propone la Convención Constitucional, la política exterior chilena enfrentará el enorme desafío de darle viabilidad a la gestión internacional del país. Concebida históricamente como un campo propio de los presidentes, la política exterior se sostuvo desde antiguo sobre los criterios de indivisibilidad y de transversalidad política, con un gobierno conductor de la política exterior y una Cancillería ejecutora de esas decisiones. Ello no fue obstáculo para que nuestra política exterior se edificara en torno a grandes consensos.

Incluso en momentos de grandes diferencias políticas, primó la cordura y la convicción de que no bastaban mayorías estrechas, sino que era necesario que nuestra política exterior se sostuviera en amplios consensos nacionales. La reforma constitucional de 2005, que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Ricardo Lagos y las fuerzas políticas oficialistas y las de oposición, generó una mayor participación del Congreso, pero dejando como responsable final al jefe de Estado.

La Convención Constitucional está proponiendo un cambio de proporciones al Estado chileno, reorganizándolo en torno a regiones y comunas autónomas, autonomías indígenas, etc. Este cambio incuba un cúmulo de potestades y atribuciones de gran volumen e impacto a la acción internacional del Estado.

En especial los once pueblos indígenas reconocidos, con su derecho al autogobierno y a sus territorios, pueden llegar a ser otro factor que dificultará llegar a grandes acuerdos nacionales y a representar éstos internacionalmente, como lo serán en el ámbito de los derechos derivados de las minorías étnicas y culturales, pues su mirada puede ser más propia y focalizada en sus intereses.

El papel ejecutor de la política exterior, hasta ahora en manos de la Cancillería, se diseminará así entre una multiplicidad de actores, los que lidiarán por imponer sus propios intereses locales, convirtiendo a la gestión internacional en una ecuación compleja y de difícil administración. Disputas internacionales que afecten a los diversos estamentos autonómicos, darán forma en el hecho a diplomacias subnacionales, intereses y pretensiones diversas.

La política exterior enfrenta, así, una coyuntura compleja, con una puerta de entrada conocida, pero una salida convertida en un laberinto de brechas, fragmentaciones y fisuras por las que fluirán una gama inmanejable de intereses de distinta densidad, con efectos inciertos y de alto riesgo para los intereses nacionales.

Sería relevante que los miembros de la Convención aquilaten la relevancia de la política exterior para un país orientado al mundo y eviten que el pacto constitucional termine volviendo la gestión internacional del Estado en un factor desestabilizador del país en su delicada acción internacional.