El Norte Grande evoca desde hace años un nudo de intereses y dificultades complejas de gestionar por nuestra política exterior. Extensa, árida, rica en recursos y lugar de confrontación con los países limítrofes, el norte fue en el siglo XIX el territorio desde el cual Chile consolidó su condición como nación independiente, proyectó su desarrollo y contribuyó a dar forma a su viabilidad y carácter internacional.
Cerrado el ciclo del salitre se abrió enseguida la etapa del cobre y con la incertidumbre ambiental, el litio ha cobrado centralidad en la transición energética. El norte chileno no sólo almacena grandes reservas de litio, sino que es también la puerta de salida natural de las vastas reservas situadas en el altiplano de Bolivia y del cordón andino del noroeste argentino. Los puertos de Antofagasta y Mejillones, ambos conectados por tren con ambos países, se proyectan -junto con el de Tocopilla- como puertos lógicos de exportación del llamado “triángulo del litio”, lo cual invita a mirar con más profundidad estratégica la geografía del norte.
Las cadenas logísticas chilenas constituyen un eslabón de inestimable valor en la economía del litio y por lo mismo debieran también ser cuantificadas políticamente, para gestionarlas como un activo político en las relaciones de Chile con los vecinos y con los países que lo demandan.
Así entonces, el interés de Bolivia de habilitar el paso fronterizo en el hito 60, para conectar al litio del Salar de Uyuni con el puerto de Iquique, merece un estudio más acabado respecto de las fortalezas y debilidades de la oferta portuaria del norte, los riesgos de seguridad, ambientales y sociales asociados al transporte del litio boliviano por nuestro país.
El libre tránsito que establece el Tratado de 1904 suscrito con Bolivia, no implica que Chile deba costear (y mantener gratuitamente) los caminos que usa la carga boliviana desde y hacia nuestros puertos. Es más, a la luz del retroceso del gobierno boliviano en el respeto a los DD.HH, el encarcelamiento de la ex Presidenta Añez y la persecución a su ex Canciller Longaric, el amedrentamiento a los medios y una conducta internacional afín a regímenes cuestionados por Occidente, Chile debe implementar sin vacilaciones un modelo del libre tránsito de ese país con más injerencia en el control de la carga y su tránsito.
Entre 2019 y 2020, nuestra Cancillería y un grupo de especialistas prospectó las condiciones portuarias de Chile para Bolivia. En ese trabajo afloraron nuevas posibilidades portuarias (por ejemplo, Tocopilla), que permitían un seguimiento más seguro, una distribución más equilibrada y segmentada de la carga boliviana.
Chile no debe perder de vista que nos interesa una Bolivia políticamente estable, democrática y próspera. Todo lo que se aparta de estos principios y alienta agendas improvisadas, debe llamarnos a la reflexión y al cuidado.
Por Teodoro Ribera, rector de la U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
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