Tras el resultado del plebiscito de salida, donde la amplia mayoría de los ciudadanos se pronunció por el Rechazo, es fundamental que la nueva fórmula que se acuerde para generar un nuevo texto constitucional sea ampliamente consensuada y se adopten los ajustes necesarios para unir la legitimidad democrática, la experiencia histórica y el conocimiento técnico.
En este contexto, las universidades podrían ser un aporte clave, considerando que -según las últimas encuestas- estas instituciones están entre las más creíbles a nivel nacional. Por ejemplo, la publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en junio pasado, las posicionó como las mejor valoradas, junto a la Policía de Investigaciones (PDI).
Dada la crisis de credibilidad que en general viven las instituciones en el país, se podría aprovechar esta mirada positiva que tienen los ciudadanos y poner a disposición todo el capital humano y profesional de las universidades para ser garantes del nuevo proceso constitucional. Así, se podría pensar que aportaran a través de un panel de expertos, con un perfil netamente académico, enfocados en el buen hacer, en el contenido y en la transparencia.
Los académicos reúnen conocimientos mediante el trabajo, la práctica y la reflexión, y de esta manera logran traspasar luego experiencias valiosas, que contribuyen al bienestar general.
En este sentido, cabe recordar, que el gobierno alemán ofreció la asistencia de académicos del connotado Instituto Max Planck en el proceso de elaboración de la Constitución luego rechazada, realizándose diversas conferencias sobre el sistema político, el reglamento interno, etc., pero existió una indisposición severa de los grupos más intransigentes a considerar el valor de la historia y la experiencia comparada.
Algunas de las funciones que podrían desempeñar este grupo de expertos están el de analizar, sugerir o bien formular observaciones al texto que elabore el órgano electo, de manera de asegurar que el documento cumpla con los estándares propios de una Carta Magna y del Derecho Internacional.
Este momento histórico que vive Chile es más que oportuno para que las universidades cumplan una de sus vocaciones esenciales: contribuir a la solución de los problemas críticos que aquejan a la sociedad en la que están insertas. Y es que su compromiso con el país debe ser transversal, pasando por la formación de profesionales, investigación y transferencia de conocimiento hasta la contribución a las políticas públicas, todo con el fin de aportar a la comunidad y al bienestar de la población.
Las universidades pueden y deben ayudar, desde la academia, a encontrar caminos para superar la crisis social y política que vive nuestro país. El nuevo texto constitucional parece ser una llave para abrir la puerta al reencuentro de los distintos sectores -que ha sido tan esquivo- y a unirnos como nación.
