Columna de Tomás de la Maza: ¿Responsabilidad fiscal sin crecimiento?
En algunos días más, el Presidente Boric promulgará la ley que promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado. Este proyecto, presentado por el Presidente Piñera en septiembre de 2021 y aprobado por el Congreso en julio de este año, es un gran avance para nuestra institucionalidad fiscal. Sobre todo, porque nace de acuerdos transversales y de un amplio respaldo técnico en tiempos en que ambos escasean.
Hace poco más de veinte años, y siguiendo las recomendaciones del FMI, el Ministerio de Hacienda propuso la utilización de un indicador de Balance Estructural, fijándose una meta de superávit estructural del 1% del PIB. Más adelante, con la Ley de Responsabilidad Fiscal se incorporó formalmente este indicador a la legislación, y se crearon dos fondos soberanos, consolidando así un instrumento de política fiscal transparente y confiable, al tiempo que permitió incrementar los ahorros fiscales. Luego vendría la creación del Consejo Fiscal Asesor -más adelante Consejo Fiscal Autónomo (CFA)- y el acceso cada vez más expedito a la información financiera del Estado, reforzando el compromiso con la responsabilidad fiscal. Las consecuencias rápidamente se hicieron notar. Con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 el sistema fue puesto a prueba. Y cumplió. Los constantes esfuerzos por cumplir con la regla fueron claves para expandir fuertemente el gasto cuando fue necesario. La disciplina y responsabilidad daban sus frutos.
Sin embargo, estos resultados también traían señales de alerta. Continuos déficits elevaron los niveles de deuda y disminuyeron los ahorros, dejándonos cada vez más vulnerables ante futuros shocks. En ese contexto, esta nueva ley introduce un ancla de deuda de mediano plazo y establece cláusulas de escape que permiten desviarse de las metas cuando la situación económica y social lo requieran. Así, obliga a la autoridad a explicitar sus metas respecto de la deuda pública de manera simple y clara, y otorga la flexibilidad necesaria para enfrentar momentos de crisis, pero exigiendo una senda de convergencia. Con ello, esta ley consolida lo aprendido en estas dos décadas para robustecer aún más el sistema, aumentando los niveles de transparencia y rendición de cuentas, y poniéndolo a la altura de los próximos desafíos.
Es un gran paso, pero no es suficiente. Por muy robusta que sea la nueva institucionalidad, ella solo pone las reglas del juego. Así, mientras celebramos estos avances institucionales, nuestro crecimiento en los últimos diez años ha estado, en promedio, en torno al 2% y las proyecciones no son muy auspiciosas. A tal punto que, como ha señalado el CFA, las presiones de gasto social y un crecimiento económico moderado hacen que las metas fiscales de mediano plazo se vean “desafiantes”. Y como hemos aprendido, de ello depende la capacidad de recuperar nuestros ahorros y financiar, responsablemente, las múltiples necesidades que tiene el país.
Con esta nueva ley podemos celebrar que en los últimos veinte años hemos construido una sólida institucionalidad fiscal, ahora solo falta volver a crecer.
Por Tomás de la Maza, investigador CEP
