En los últimos días, el presidente Gabriel Boric ha desarrollado una nutrida agenda internacional, que incluye su gira por Europa, la conmemoración de los 50 años del Golpe en Santiago y su reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En estas instancias, el presidente ha delineado una visión unificada y coherente que guía su política exterior, a la que en esta columna llamaremos “la doctrina Boric”. Esta doctrina se resume en un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional, sin importar las circunstancias.
Así, la postura del presidente, de rechazo absoluto a la agresión e invasión rusa en Ucrania (incluyendo un diálogo fluido con el presidente Zelensky) y la condena a los bloqueos económicos unilaterales (como los que enfrentan Cuba o Venezuela) representan dos caras de una posición que protege el derecho internacional. Esta visión del mundo no considera que éste deba ser un escenario estilo película del oeste, donde cada pistolero resuelve sus problemas por su cuenta, sino más bien una comunidad en la que las controversias se resuelven de manera pacífica en instancias multilaterales.
Del discurso del presidente en la Asamblea de la ONU en 2022 podemos inferir los principios de su doctrina: “Comprometernos con la justicia y la paz a través del multilateralismo, en todo momento y en todo lugar. Realizar acciones concretas, no sólo declaraciones, para detener la injusta guerra de Rusia contra Ucrania y poner fin a los abusos de los poderosos en cualquier parte del mundo. Movilizar nuestros esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres, ya sea en Irán, en memoria de Mahsa Amini, quien murió a manos de la policía esta semana, o en cualquier parte del mundo. No naturalizar las violaciones constantes de los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones de esta misma asamblea que año tras año establecen su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano, así como garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.
Sin embargo, la perspectiva del presidente sobre los bloqueos económicos y sus posiciones en relación con la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua han sido firmes, condenando absolutamente estas situaciones. Esto le ha valido la animosidad y las críticas de Diosdado Cabello y Daniel Ortega. En esta misma visión de respeto inquebrantable a los derechos humanos, el presidente ha condecorado a Baltazar Garzón, un símbolo de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos y quien abrió las puertas para enjuiciar las atrocidades de Augusto Pinochet.
El presidente se esforzó para que Chile obtuviera su escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, contradiciendo al presidente Lula al afirmar que la situación de los derechos humanos en Venezuela no es una construcción narrativa, sino una realidad. Además, ideó el Pacto de Santiago en el marco de la conmemoración de los 50 años, que declara que los golpes de Estado son siempre condenables, así como las violaciones a los derechos humanos, sin importar la circunstancia. En su discurso de este año en la Asamblea, el presidente lo explicó de manera destacada: “Los derechos humanos son una base ética y una elección política irrenunciable. Los derechos humanos no tienen un color político y deben ser promovidos y defendidos en todo momento y lugar, y su condena debe ser clara, sin importar el color del gobierno que los viole”.
La doctrina Boric ha demostrado ser una valiente muestra de coherencia por parte del presidente, lo que le ha valido el reconocimiento internacional por condenar tanto a los propios como a los ajenos, independientemente de si es conveniente o no. Su objetivo es hacer del mundo un lugar mejor, donde las violaciones a los derechos humanos, los ataques a la democracia o las transgresiones al derecho internacional sean condenadas sin importar qué Estado las cometa.
Por Tomás de Rementería, presidente de la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados y Diputadas.
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