Durante 2022, las exportaciones de litio llegaron a US$ 7.763 millones, cifra cerca de nueve veces mayor que lo obtenido el año previo, en donde el precio entre 2015 y 2022 se multiplicó por cuatro, llegando a bordear los US$ 80.000 la tonelada. Al respecto, basta recordar que en el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) de Soquimich, que fue renegociado en 2018, se estableció el pago de una regalía a Corfo que es escalonada en relación al precio del mineral y el tramo más alto, con un cobro de 40%, y que se activa a partir de precios superiores a US$ 10.000 por tonelada para el carbonato de litio y de US$ 12.000 por tonelada para el hidróxido de litio. Nunca se proyectaba que llegaríamos a ver los precios actuales. Esta sustancial transferencia de riqueza desde el resto del mundo a Chile le permitió al gobierno recibir cerca de US$ 5.000 millones, cifra incluso superior a lo que Codelco aportó a las finanzas públicas. De hecho, de no haberse registrado este récord de precio, el balance fiscal hubiera terminado en un déficit no muy distinto de lo observado en la última década.

Este precio, que refleja la gran escasez relativa, ha activado una carrera por el litio. En este escenario, Bolivia, que creó la Empresa Nacional del Litio en 2008, con la promesa de llegar a producir baterías de litio y autos eléctricos, solo produjo el año pasado 400 toneladas en una planta piloto. Y dado que la producción de gas va en declive, el Presidente Arce hace pocos días atrás firmó un convenio para que la empresa china CBC construya y explote dos yacimientos de litio, en Oruro y Potosí, con una inversión de US$ 1.000 millones.

En Argentina, el gobierno sigue igual camino. La empresa china Gangfend compró Lithea por US$ 962 millones y ya se anunciaron inversiones para aumentar la producción. Esto ha generado expectativas en las autoridades trasandinas, que esperarían altos ingresos fiscales como los registrados en Chile.

En México, por su parte, se observa una visión más ideológica, similar a la de las autoridades chilenas, con la creación de una Empresa Nacional del Litio y la censura a una especie de CEOL que se habían asignado tiempo atrás.

En Chile, las autoridades se aprestan a anunciar la política pública para el litio, en donde la creación de una nueva empresa estatal seria el eje conductor, lo cual considero no es el camino más adecuado. En primer lugar, la aprobación de una actividad empresarial estatal requiere de quórum calificado, lo cual no será fácil de obtener, al mismo tiempo que será necesario obtener la aprobación presupuestaria para el capital inicial, lo que es altamente cuestionable, dado el costo alternativo y la realidad que vemos en el litio, donde hay empresas privadas que están dispuestas a realizar todas las inversiones. También es discutible que el nuevo organismo estatal pueda negociar CEOL mejores que los acordados por la Corfo.

El camino para Chile es nítido. Al quedar demostrado que las decisiones adoptadas han sido muy efectivas, el gobierno, ojalá con el sentido de urgencia requerido, debe reactivar la licitación por 400 mil toneladas realizada a fines del segundo gobierno del Presidente Piñera, de manera tal que a fines de año tenga adjudicados los nuevos CEOL; esto, mientras rápidamente prepara nuevas licitaciones. Estoy seguro de que los profesionales que realizaron los contratos anteriores estarán disponibles para apoyar esta aceleración de adjudicaciones.

Por Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo