El brutal asesinato de tres carabineros en Cañete constituye un hecho tan grave que la semana distrital de la Cámara de Diputados y Diputadas fue suspendida para acelerar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia. Y es que el crimen rompió una tendencia de casi cuatro meses sin homicidios, fruto de la estrategia de seguridad del gobierno en la Macrozona Sur.
La rapidez con que el Poder Legislativo retomó un proyecto del Ejecutivo en 2023, para regular el uso de la fuerza en tareas de orden y seguridad, responde oportunamente a un momento de desesperación ciudadana por enfrentar nuevos tipos de criminalidad.
Sin embargo, la discusión de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana mostró señales preocupantes esta semana. La indicación aprobada para que los delitos imputados a funcionarios de las Fuerzas Armadas sean juzgados en tribunales militares, aun cuando hay civiles involucrados, muestra los riesgos de apretar el acelerador en la dirección equivocada.
Sobrepasada por las circunstancias e incapaz de gobernarlas, la derecha impulsó una regla que no contribuye a la solución del problema, pero le sirve para retrotraernos lentamente al Chile en que los militares gozaban de privilegios procesales para eludir sus responsabilidades en las violaciones de derechos humanos. De paso, se cargaron los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley.
Si un punto de inflexión se define como el efecto desproporcionado en la trayectoria de un objeto ante un cambio pequeño, este solo puede determinarse después de ocurrido tal efecto. Solo después de la pandemia se conoce el paciente cero, y es después de la tormenta de arena en nos preguntamos por el grano que la desató. Pero todo punto de inflexión opera en condiciones que lo permiten.
En este caso, las derechas vienen amagando con cambiar la trayectoria de la justicia chilena desde el último Consejo Constitucional. Allí, aprobaron en votación dividida el artículo 117 ter, según el cuál las actuaciones de los militares, “ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones”, serían conocidas por la jurisdicción militar.
Resulta llamativo que en aquel intento por consagrar una justicia paralela, el pluralismo jurídico no les resultara incómodo como les había resultado en la Convención Constitucional. El mismo diputado Schalper, que en 2022 calificaba de extremo que los pueblos indígenas tuviesen una judicatura distinta, esta semana firmó la indicación para que los delitos imputados a militares en el ejercicio de sus funciones sean juzgados en tribunales diferentes, en este caso, los tribunales militares.
Ante una derecha que sigue buscando un punto de inflexión para devolvernos al autoritarismo, nuestra institucionalidad aún muestra resiliencia. Las derivas iliberales que amenazan con romper los consensos transicionales más básicos, han encontrando un dique de contención que, cuando no descansa en la durabilidad de nuestras reglas, aparece en la voluntad popular expresada en la urnas.
Sin embargo, no podemos perder de vista que, una vez más, la oposición aprovechó el desconcierto del presente para intentar devolvernos al pasado, mientras trata los inminentes problemas del futuro como si se trataran del bienestar de un país extranjero.
Por Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo
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