Columna de Tomás Leighton: Sin administración, no hay transformación

“El gobierno ha asumido que es un gobierno de administración” o un “mero administrador del poder”, comentaron los centros de pensamiento, IdeaPaís y Horizontal, ante la continuidad de la ministra del Interior y Seguridad Pública. Tal vez en el apuro de quien mira el marcador para que termine el partido, la derecha confesó su parte en los resultados de este ciclo político: mientras le han bloqueado las leyes en el Congreso (salvo, paradójicamente, a la ministra Tohá), el Ejecutivo ha concentrado su efectividad en los actos de gestión administrativa.

Que el Colegio de Profesores aceptara la propuesta que el gobierno ingresará en noviembre para reparar la deuda histórica, honra el compromiso programático adquirido legalmente con la ciudadanía, desde que el Presidente prometió al inicio de su mandato. Y que la derecha tenga los votos (y la audacia) para impedir que se concrete en el Congreso no es producto de los recientes resultados de las elecciones municipales, sino que ha sido así desde el inicio de la administración actual.

Pero como la responsabilidad de un gobierno no es solo con su propio programa sino también con las, siempre cambiantes, necesidades sociales, ha sido el Ministerio del Interior la cartera que más leyes ha logrado consensuar con los parlamentarios. Esta misma semana, se despachó un proyecto de Tohá para prevenir la comisión de delitos y actos de violencia asociados a los funerales de alto riesgo, que generan un gran impacto en la población. En materia de gestión, esta misma semana se han presentado importantes modificaciones de reglamentos existentes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en materia de mejoramiento de viviendas, barrios y equipamientos vecinales, para la revisión de la Contraloría. Esta misma semana, después del terrible caso Monsalve y los resultados de las elecciones municipales, el gobierno sigue funcionando en las mismas condiciones que le impusieron desde el comienzo.

En tiempos de villanización y castigo entre los actores llamados a concretar los cambios que la sociedad reclama, la cuestión de la continuidad de los equipos y sus capacidades de gestión se torna un debate medular. En el último tiempo, esto se ha abordado en atención a la continuidad de alcaldes como Vodanovic en Maipú o Castro en Renca, pero merece la pena mirarlo de modo general. La posibilidad de aprobar una nueva Constitución (abrazada por todos los sectores políticos sin excepción) repercutió en el diseño de las políticas públicas. Pero habiendo concluido dicho proceso, hoy es la política ordinaria y el derecho administrativo lo que va a marcar los proyectos transformadores del país, en un sentido o en otro.

Si acaso se puede decir que sin administración no hay transformación, habría que agregar que tampoco habrá administración sin equipos. Experiencias como la de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio uruguayo llaman poderosamente la atención. A la base del régimen de coparticipación que permitió el éxito del Frente Amplio en ese país, estuvo el respeto de la oposición por los ministros del oficialismo. En Uruguay, Eduardo Bonomi, del Movimiento de Participación Popular, trabajó 10 años seguidos como ministro del Interior.

No deja de ser sorprendente que la cuestión de la continuidad de los equipos podría calzar con las aspiraciones de un sector político que supuestamente clama la vuelta de “los consensos” y la “política fome”. Pero justo mientras la ministra Tohá intenta hacer su trabajo, y el eficiente gobernador Orrego busca la continuidad, la derecha apoya la estridencia de un candidato de TV.

Por Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo