Una sociedad civil vigilante de las instituciones públicas, es fundamental para promover la rendición de cuentas y fortalecer la confianza y la convivencia democrática. Más aún cuando Chile se ha estancado en la última década en los índices que permiten clasificar a los países de acuerdo a los niveles de corrupción o abusos percibidos por la ciudadanía.

Lo dijo claramente el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública: “Cuando un país desconfía de sus instituciones y de sus autoridades, todo se vuelve cuesta arriba”. Para revertir esta tendencia y combatir seriamente los abusos y la corrupción, Chile comienza a delinear una estrategia de Estado, una hoja de ruta que contará con activa participación de la ciudadanía, en línea con mecanismos que apuntan a fortalecer una cultura de gobierno abierto.

Así, la participación ciudadana se concibe como un pilar fundamental en el combate contra la corrupción que se está impulsando a través de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) que impulsa el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que abrió esta semana un espacio clave para la participación ciudadana.

¿Cuál es la importancia de este paso? Por un lado, hay un camino de compromisos internacionales que Chile ha suscrito en materia de integridad y anticorrupción y que orientan esta Estrategia.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente en Chile desde 2007, consagra expresamente que los Estados parte deben adoptar medidas para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Similares obligaciones establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, vigente incluso hace más tiempo.

Sin participación, la ciudadanía no tiene la posibilidad de involucrarse verdaderamente en las transformaciones, haciendo más difícil lograr los cambios culturales que el combate contra la corrupción requiere. Es decir, también es un tema de eficacia.

Importantes reformas en materia de prevención de la corrupción han tenido su impulso desde la ciudadanía, como sucede con el registro de beneficiarios finales -hoy en discusión legislativa- que permite facilitar la recaudación tributaria y prevenir ilícitos, aspectos relevantes también para satisfacer las necesidades de gasto social que hoy son una prioridad para el Gobierno. Otras reformas, como la Ley de Transparencia, han generado cambios culturales gracias al uso que de ella ha hecho la ciudadanía.

Si por años, como país, hemos basado la generación de políticas anticorrupción en una lógica reactiva y que incorpora de forma muy limitada la mirada de la ciudadanía, hoy tenemos evidencia de la necesidad de cambiar de enfoque. La OCDE recomienda expresamente adoptar de forma estratégica esta tarea, lo que requiere el involucramiento de todos los actores, incluida la sociedad en su conjunto. Juntos podemos cambiar este enfoque, poniendo énfasis en la prevención y en la mirada de largo plazo.

Por ello el pasado 20 de octubre se realizó el lanzamiento de la consulta pública en la que se recabará la opinión de la ciudadanía sobre áreas prioritarias y medidas para combatir la corrupción.

Junto a ella, se han contemplado otros mecanismos de participación, como los diálogos ciudadanos que se desarrollarán con distintos grupos y en distintas regiones del país e instancias de trabajo tanto con académicos como con representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de anticorrupción.

La invitación es a participar en este proceso, lo que se puede hacer de forma online y en confidencialidad hasta el 10 de noviembre en el sitio www.consultaintegridad.gob.cl, y de esa forma hacerse parte activa de los cambios culturales que necesitamos para el Chile íntegro y libre de abusos que queremos.

Valeria Lübbert A., Secretaria Ejecutiva, Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT).