Columna de Valeria Palanza: Democracia, representación y Constitución

La semana pasada inició sus labores el Consejo Constitucional, esfuerzo renovado del sistema político por dar curso al proyecto de dar a Chile una nueva Constitución. A casi un año del rechazo de la propuesta anterior, el país ha tenido tiempo de reflexionar sobre aciertos y errores, de cara a un nuevo proceso que exige aciertos.

Desde la firma del acuerdo que dio origen al proceso constitucional, a fines de 2019, el humor político ha oscilado entre extremos, posiblemente buscando allí soluciones que la moderación de antaño no supo entregar a la ciudadanía. Frente a la marcada mayoría de tinte progresista que conformó a la Convención Constitucional, se impuso, en cambio, una notoria mayoría de derecha en la conformación del actual Consejo Constitucional. Si algo manifiesta el movimiento pendular de las preferencias ciudadanas es la disconformidad de la población con el accionar político. La ciudadanía parece alejarse de cualquier fuerza que detente poder, desencantada con lo que ésta le ofrece.

En respuesta al fracaso, quienes integraron la Convención Constitucional hicieron su mea culpa por haber sobre-interpretado la voluntad ciudadana en esa instancia. La soberbia de la mayoría cerró las puertas a acuerdos que podrían haber hecho viable un texto que no fue el que produjo la Convención. Se perdió una oportunidad de aprobar, para Chile, una Constitución que aunara voluntades en un proyecto viable para una mayoría del país, no ya una mayoría de una Convención.

El Consejo Constitucional que se instaló este mes se enfrenta al mismo desafío. Empoderada por un resultado electoral que manifiesta descontento con el trabajo de la Convención, en el Consejo se instala una mayoría que podría caer en la misma falacia en la que cayó su antecesora. Precedida en su trabajo por una Comisión Experta designada, que buscó allanar el trabajo del Consejo Constitucional, la tentación de eludir algunos temas centrales para la ciudadanía podría hacerse presente.

A efectos de la discusión que habrá que tener en el Consejo Constitucional, la existencia de un texto base que ancle las discusiones, ya para mantener el articulado o para modificarlo, resulta práctico. Pero conviene tener presente que el texto propuesto por la Comisión Experta expresa de modo marcado la visión de un segmento político. Sirva la resistencia a la paridad de género como muestra del sesgo al que aludo. Hay que decir que, al tiempo que es valioso que la Comisión Experta haya escuchado opiniones calificadas, incorporándolas en alguna medida a sus acuerdos, también es cierto que trabajó contra reloj, en ocasiones definiendo el articulado de su propuesta antes de recibir dichas opiniones.

Esto es, en el Consejo Constitucional habrá amplio margen para la negociación. Ojalá esta ocurra de cara a las preferencias medianas de la ciudadanía, antes que obedeciendo a la fuerza que una elección puntual entregó a un segmento. ¿Pero acaso ese segmento no representa a la voluntad ciudadana mayoritaria? De manera muy puntual, la respuesta a la pregunta es sí, pero si analizamos el asunto un poco más, la respuesta cambia. El Partido Republicano, por ejemplo, habiendo obtenido el 35,4% de los votos válidos, detenta el 46% de las bancas del Consejo, lo que le entrega una sobrerrepresentación de casi un 10% por encima de su participación en el voto. Esto ocurre a causa de una serie de elementos que se combinan: el efecto del Sistema D’Hondt, el de la magnitud chica de los distritos, y el de la fragmentación. Sea como fuere, aún la distribución de bancas en el Consejo resulta engañosa del peso real de la distribución de preferencias ciudadanas.

Todo indica que hay, en esta vuelta, altura de miras, y que la mayoría se ha propuesto no abusar de su condición circunstancial. Eso ha manifestado. Preocupa, no obstante, acciones opuestas a esa lógica, como que las presidencias de todas las comisiones estén en manos de esa mayoría opositora, sin reconocimiento alguno a la minoría –Madison, una vez más, se sacude en su cripta. Esta hora exige privilegiar el largo plazo de la convivencia ciudadana por sobre el corto plazo de las mayorías manufacturadas.