Somos muchas las personas que llevamos algunos años embriagadas con el optimismo que entrega que un país se entusiasme con hacer más democrática su Constitución y, en el proceso, más equitativa su sociedad.
La ciudadanía de Chile está comprometida con un cambio democratizador. Manifestó su voluntad de poner en marcha una reforma a la Constitución, y prefirió que dicha reforma surgiera de una Convención Constitucional. La misma ciudadanía, votante más, votante menos, dio una señal clara a la clase política y a los partidos cuando eligió a una mayoría de independientes para conformar esta instancia; y una nueva señal, también muy clara, cuando rechazó el texto que esa Convención le presentó para su aprobación.
Tras meses de incertidumbre, es promisorio que unas semanas atrás haya surgido en el Congreso Nacional un acuerdo para dar inicio a la elaboración de una nueva propuesta de texto constitucional. Esta vez, la discusión será abordada en un Consejo Constitucional conformado por 50 integrantes elegidos de manera menos proporcional, dado que la elección se regirá por las reglas de distritaje del actual Senado. Este Consejo recibirá una propuesta de un Comisión Experta, conformada por un grupo restringido de 24 personas designadas por diputados/as y senadores/as. Habrá, además, un Comité Técnico de Admisibilidad, designado por diputadas y diputados actuales, que contará con 14 integrantes.
No es necesario ser especialista para notar que el estándar democrático ha sido rebajado y que esta segunda etapa del proceso constitucional será de una naturaleza más conservadora que la anterior. Lo cierto es que el país tiene frente a sí una nueva oportunidad de diseño institucional, que históricamente son pocas y esporádicas, y no pueden desperdiciarse. Tampoco son infinitas las veces que una clase política puede errar en un proceso de este nivel de trascendencia, sin que la oportunidad abierta se cierre y desaparezca.
En este sentido, parece importante preguntar a quienes hoy, desde dentro y fuera del Congreso, sugieren nombres para integrar el Comité de Expertos, si consideran que hay margen para la improvisación o para darse gustos antojadizos. Sin dudas, circulan nombres de personas con conocimiento comprobado, pero la ideología, que siempre ha de estar presente en la toma de decisiones, no debería sustituir al conocimiento.
El favoritismo es uno de los factores que condujo al país a la crisis, por lo que sería importante dar una señal fuerte de que no está presente en esta instancia. La confianza de la ciudadanía es una gema valiosa que en Chile aún brilla y que ha quedado manifiesta en la esperanza de acudir una y otra vez a las urnas a cumplir el deber cívico, comprometidos todos con el proceso constitucional. Este es un llamado a la clase dirigente a no perder de vista la fragilidad de esa confianza y de la importancia de fortalecerla, en democracia.
Por Valeria Palanza, decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile y Red de Politólogas
