Por Valeria Palanza, decana Fac. de Historia, Geografía y Ciencia Política UC e integrante de la Red de Politólogas
Este pasado domingo, quienes nos interesamos por el destino de Chile recibimos, con sorpresa, un resultado inesperado. No porque hubiera certezas acerca de qué alternativa se impondría, sino por el amplio margen por el que se impuso el Rechazo al texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional. La ciudadanía se expresó con suma claridad, indicando que el texto propuesto no le resultaba satisfactorio.
Por diseño, las reglas que llevaron a este resultado legitiman por completo la decisión. La obligatoriedad del voto valida la decisión más allá de cualquier duda, y esto fortalece a la democracia chilena. Quienes se incomodaron por tener que votar, sin dudas se sentirán a gusto al ver sus preferencias transformarse en decisiones políticas para su país, y este aprendizaje cívico, por sí mismo, merece ser destacado.
Mucho se ha dicho, desde que se conoció el resultado, sobre quiénes son autores del triunfo y quiénes responsables de la derrota. Aún a riesgo de herir egos encumbrados, sostengo que el resultado no es de la élite política, sino de la ciudadanía. Evidencia que, más allá de los méritos o faltas del texto propuesto, la ciudadanía no se sintió representada por éste y expresó su desacuerdo. Deducir por este hecho que la ciudadanía revalidó a la clase política o a los partidos, sería un error de proporciones.
La Convención Constitucional, que en el futuro será conocida como la Convención Constitucional I, tuvo un vicio de origen, dado por el sistema electoral que llevó a la elección de convencionales. Dicho sistema fue diseñado en respuesta al estallido y el descrédito de los partidos, en medio de una coyuntura de movilización sin precedentes desde el retorno a la democracia. Para canalizar el descontento por la vía institucional, el sistema electoral invitó a la ciudadanía movilizada a participar del proceso y postularse por fuera de los partidos, armando listas de independientes. Accedieron a la Convención, así, ciudadanos y ciudadanas de la mayor diversidad de origen, profesión, género y edad que hubiera visto ningún cuerpo colegiado en Chile hasta entonces. Pero esta fortaleza de inclusión y representatividad descriptiva enfrentó la dificultad que conlleva la exaltación de demandas puntuales, sueltas, no articuladas en conjuntos de preferencias sobre temas diversos. Los acuerdos que pudo alcanzar este grupo humano no fueron refrendados por la ciudadanía. Toca volver al tablero, barajar y dar de nuevo.
Entre los desafíos que enfrentan Congreso y Presidencia está el de pensar un nuevo sistema electoral que rescate los aspectos positivos del anterior y evite sus debilidades. Es necesario que en la nueva Convención se asegure representación a los pueblos originarios, así como que se mantenga la paridad de género como piso. Sería un error limitar a que quienes participen en una nueva Convención provengan solo de partidos en los que una mayoría no cree, como también sería errado no permitir la participación de independientes. Pero habría que evitar la conformación de listas de independientes.
Conviene hoy evitar cálculos cortoplacistas y desenmarañar lo que es materia constitucional de lo que es propio del gobierno cotidiano. Condicionar lo constitucional a lo coyuntural, y viceversa, sería un error que Chile pagaría caro. La ciudadanía ha entregado a la clase política un regalo y está por verse si esta es merecedora. Cómo se pare la élite ante este desafío, tiene el potencial de seguir avanzando en el camino de la relegitimación del sistema. Ojalá no sea una oportunidad desperdiciada.
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