Columna de Víctor Manuel Avilés y Luis Pardo: Pacto Fiscal y Reforma de Pensiones, simulacro de diálogo

El Gobierno ha convocado a un denominado “Pacto Fiscal”, que incluye algunos componentes de incentivo a la inversión, la productividad y la formalidad - lo que es positivo- pero que conduce finalmente a una reforma tributaria de claro énfasis recaudatorio.

Hay poco escrito sobre lo que es un pacto fiscal, pero el sentido común nos indica que un Pacto supone un acuerdo entre los diversos actores políticos con representación democrática, sobre un núcleo de contenidos explícitos que den forma al acuerdo.

Pero, el “Pacto Fiscal” anunciado consta de una veintena de proyectos de ley -cuyo contenido se desconoce- en diversas materias respecto de las cuales las fuerzas que apoyan al gobierno han sostenido históricamente posiciones muy contradictorias con su propósito.

Si entendemos por pacto fiscal un “acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social” (Cepal, 1998, El Pacto Fiscal. Fortalezas, Debilidades y Desafíos”), el principal objetivo del pacto debió ser ordenar, modernizar y relegitimar el estado.

Cualquiera sea el caso, es poco probable concebir un pacto que estabilice las reglas del juego hacia el futuro, pues no existe un consenso político amplio y transversal que lo sustente, ni es tampoco posible ni deseable renunciar a la potestad legislativa.

Por lo demás, la primera condición de posibilidad para alcanzar un auténtico Pacto, que trascienda su propia gestión y proyecte el país hacia el futuro, es contar con el respaldo integro de sus propias fuerzas, lo que a todas luces no ocurre.

Es cierto que el Ministro Marcel escuchó a diversos actores antes de anunciarlo, pero algo muy parecido había ocurrido con la mesa de trabajo para la Reforma Tributaria, que sesionó 8 meses, sin que el gobierno modificara en nada sustancial su proyecto.

Lo mismo cabe decir de la mesa técnica para la Reforma de Pensiones, un proyecto altamente ideologizado, que pretende refundar el sistema previsional: la Ministra Jara convocó una mesa técnica, sin llegar a ningún acuerdo, mientras somete el proyecto a votación sin ningún cambio.

El gobierno logra de esta forma mantener una imagen dialogante, endosándole a la derecha toda la responsabilidad por la falta de avances y alimentando de paso el discurso descalificatorio y caricaturesco tradicional de cierta izquierda, que puede así ocultar sus propias contradicciones.

El verdadero propósito de esta estrategia es eludir el costo político que significaría para el gobierno entrar a un debate legislativo serio, en el cual las profundas diferencias ideológicas entre sus diferentes almas quedarían en evidencia en cuanto hubiera un atisbo de acercamiento significativo para un verdadero acuerdo. Por eso simplemente no se mueve de sus posiciones programáticas originales, aunque convoque a mesas de todo tipo.

Si los partidos de derecha no actúan articulada y coordinadamente en los contenidos y contrapropuestas programáticas y en una comunicación eficaz a la ciudadanía, podrían terminar pagando efectivamente los costos de un gobierno inmovilizado, que ni siquiera cuenta con la totalidad de los votos de sus partidarios, pero que hábilmente ha logrado así administrar su fractura interna.

Lo razonable entonces sería que el gobierno -en vez de anunciar Pactos que no lo son y mesas que no resuelven- proponga iniciativas legislativas acotadas que permitan avanzar en aquellos temas que el país no puede seguir esperando, como salir de la crisis económica, enfrentar la inseguridad y realizar reformas específicas y efectivas en materia de pensiones y de salud.

Una oposición responsable, debiera enfrentar con claridad y convicción la inconsistencia profunda del simulacro de dialogo creado por el gobierno, sin dejar por ello de estar disponible para impulsar en forma constructiva y dialogante, aquellas prioridades que el país necesita.

Víctor Manuel Avilés H., Presidente y Luis Pardo Sáinz, Director Ejecutivo, Instituto Libertad.