El país está hoy en una fuerte discusión sobre la utilidad del CAE para financiar el acceso al pregrado de la educación superior chilena. En la Minuta 23 del Observatorio de Políticas Públicas en Educación, OPPES-USACH, publicada recientemente (https://fae.usach.cl/fae/index.php/observatorio-de-politicas-en-educacion-superior), se ha estudiado la realidad del CAE post instalación de la Gratuidad en Chile, en 2016.
El análisis realizado destaca, en este período, un fuerte aumento inicial del total de las Ayudas Estudiantiles Estatales, que en 2015 asignaba 1.411.696.546 pesos ($2022) y en 2016, con Gratuidad, aumenta en 533.555.235 pesos y sube a 1.915.088.640, llegando en 2022 a 2.108.603.340 (valores en $2022).
Esta irrupción termina reduciendo la participación relativa de Becas y Créditos (Fondo Solidario de Crédito Universitario, FSCU, y Crédito con Aval del Estado, CAE) en el total de Ayudas Estudiantiles Estatales, de tal forma que, en 2022, estos beneficios pasaron a participar en 8%, Becas; 32%, CAE; y 0,05%, FSCU, del total y los alumnos en Gratuidad subieron a 60% del total de las ayudas estatales.
Se observa también, que la gratuidad resultó en una reorientación de los créditos CAE hacia las universidades privadas, aumentando la participación de beneficiarios matriculados en universidades privadas CRUCH (de 6% a 14%) y privadas no CRUCH (de 45% a 54%) en el total.
Además, ha habido cambios en las estructuras de beneficiarios según nivel socioeconómico. Desde 2016, se observa una nueva concentración socioeconómica donde los estudiantes pertenecientes a los quintiles 4 y 5 (de más altos ingresos relativos), los que en 2022 representan el 55% de los beneficiarios CAE (20% y 35%, respectivamente) y los pertenecientes a los quintiles 1 y 2 (de más bajos ingresos relativos) se reducen a 32% del total de beneficiarios. Así, este programa CAE termina financiando, los estudios del pregrado de la ES, a los sectores de mayores ingresos relativos del país.
El análisis de los recursos involucrados nos indica que los préstamos CAE solicitados llegaron, en 2015, a un valor anual de $568.488.454.563 ($2022) y desde 2016, han tendido a reducirse y a estabilizarse en un valor total de $439.939.999.039 en 2022, de los cuales $341.869.035.067 son de renovantes y $98.070.963.972 de nuevos licitados.
La reducción de valores solicitados está en consonancia con la reducción de beneficiarios del CAE. De un máximo de 369.225 estudiantes a los que se había alcanzado en 2015, los beneficiarios bajaron a 194.014 en 2022 (47.404 nuevos licitados y 146.609 renovantes). Estas reducciones, sin embargo, se han estabilizado y el CAE se ha constituido, en los años recientes, en un mecanismo de ayuda estudiantil estatal del orden del 30% del total de fondos que el Estado destina a este fin.
Los costos fiscales directos del CAE han tendido a reducirse en post Gratuidad. La compra de títulos y valores tiene un máximo de $705,78 mil millones de pesos ($2022) en 2017, valor que se reduce a $535,61 mil millones de pesos, en 2022. Sin embargo, cada vez existe mayor morosidad en el sistema y, en los últimos años se ha generado un creciente aumento del servicio de la deuda, de costo fiscal, que sube desde $82,68 mil millones en 2017 a más del doble en 2022, $181,84 mil millones de pesos.
Además, la aplicación de la ley N° 20.634, cambia el sistema de CAE original y agrega una tercera dimensión del costo fiscal del CAE al establecer, para los deudores, una rebaja del 6% al 2%, en la tasa de interés de los créditos del CAE que obtengan, mientras se encuentren al día en sus pagos.
A este tipo de deudores, también la ley le otorga, de costo fiscal, que sus pagos sean contingentes a sus ingresos (10%), lo que puede reducir sus pagos, según sean sus ingresos durante los 15 años que debe servir la deuda. En este caso, solo se dispone de los montos totales, no desglosados según beneficios recibidos, montos que entre 2016 y 2020 suben fuertemente, de $12,84 mil millones de pesos ($diciembre2022) a 38 mil millones de pesos y se estancan en $22 mil millones en 2021 y en 2022.
Sobre estos valores se debe hacer observación, para determinar los perfiles de pago que se están configurando en estos últimos años de operación del CAE. Se podría estar generando una presión de mayor costo fiscal de este mecanismo que será necesario dimensionar.
La morosidad es un gran problema en el CAE. Esta situación tiene al menos dos momentos relevantes. Los datos informan que existe, al menos una correlación entre la instalación de la Gratuidad, y los cambios de conductas de pago de los beneficiarios del CAE. Desde 2016 el crecimiento en el número de los que pasan a ser morosos comienza a ser mayor que el de aquellos que están al día en el pago de su crédito (48% y 30%, respectivamente). Un segundo momento detonante de la morosidad es 2022, año donde se comienza a reducir el número de beneficiarios que están al día en sus pagos (-4%), mientras que los morosos aumentan en 22%, mostrando una clara expectativa de que se espera que el nuevo gobierno del país avanzará en la condonación prometida de esta deuda.
La fuerte mayor morosidad desestabiliza al sistema de créditos y significa, finalmente, mayores costos fiscales, lo que requiere un adecuado dimensionamiento, que es en lo que estamos trabajando actualmente en el Observatorio OPPES-USACH, pesquisando, sobre la base de un listado de variables de interés, un patrón en las características de las personas que pertenecen a la cartera del CAE y determinar así los costos para el Estado, en el presente y el futuro, como sistema de acceso al pregrado de la educación superior chilena y, buscar posteriormente la forma de establecer un sistema de crédito más adecuado y menos costoso para el país.
Por Víctor Salas Opazo, Observatorio en Políticas Públicas en ES, OPPES-USACH
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