Columna de Waleska Ureta: Todos/as queremos que Chile sea un lugar seguro para vivir

Para que Chile sea un lugar seguro, nadie puede poner en duda que el crimen debe ser perseguido eficazmente y quien delinque, sea quien sea, debe enfrentar a la justicia en un debido proceso. Junto con el trabajo de la justicia, las autoridades deben ser capaces no solo de impulsar las medidas de control y prevención que se requieren, sino que también deben transmitir tranquilidad a la población y promover la cohesión social. Esto implica no crear enemigos internos ni animosidad ante grupos específicos de personas como si fueran las causantes de todos los problemas.

Abordar la situación actual de criminalidad obliga, a nuestro juicio, a separar los fenómenos sociales que parecieran estar detrás de ella, para comprenderlas adecuadamente y definir los cursos de acción correctos. Primero, los problemas de criminalidad y violencia en Chile no son nuevos. Hace décadas que el narcotráfico, el porte de armas y los delitos violentos se han arraigado en distintos lugares del país. Estas situaciones tienden a darse en mayor medida en los lugares donde hay una menor presencia de instituciones sociales que promuevan la integración y cohesión social. Es casi una ecuación perfecta: en los espacios donde el Estado desaparece, la criminalidad aparece. Es por ello que en las fronteras, en los barrios vulnerables y en los lugares aislados las políticas públicas deben actuar con mayor intensidad. Segundo, los  crecientes flujos de movilidad humana que hemos visto en los últimos años, responden a una profunda crisis humanitaria que ha hecho que millones de personas se desplacen por todo el continente, la mayoría de ellas en situaciones desesperadas de pobreza y en trayectos de alta precariedad y peligrosidad. Tercero, los procesos de exclusión e informalidad en que se da la migración de muchas personas, crean contextos de alta vulnerabilidad y descomposición del tejido social, que se transforman en ventanas de oportunidad para el crimen organizado transnacional. Esto es: mientras más informalidad y exclusión tengamos, más espacios para el desarrollo de actividades ilegales y violentas habrán.

Sin duda que los problemas de seguridad y la presencia creciente del crimen organizado internacional deben ser prioridades para las autoridades, y requieren de acciones oportunas y sobre todo eficientes.

Por ello, hacemos un llamado urgente a crear los mecanismos que permitan ordenar los flujos de movilidad humana, para que se den de manera segura y controlada, y por cierto, respetando los derechos humanos de quienes están solicitando ingresar al país. Asimismo, es imperante que se resuelvan las situaciones de migrantes que se encuentran en situación jurídica irregular, pues regularizar no solo permitirá que se puedan incluir de manera efectiva en nuestra sociedad y aporten al desarrollo del país, sino que también contribuirá a mejorar los mecanismos de información y control necesarios para el orden y seguridad que anhelamos

Como Servicio Jesuita a Migrantes, nos consta que las personas migrantes son las primeras en querer que haya orden y seguridad en Chile, pues ello les permitirá no ser víctimas de delitos ni sufrir violencias, así como también insertarse y contribuir al país. Los desafíos y aprendizajes en materia de seguridad y criminalidad en Chile están instalados hace décadas, y no comienzan con la migración.  La experiencia nos ha mostrado muy bien que junto con el control, también es fundamental prevenir y crear espacios seguros y cohesionados socialmente. Todos y todas queremos vivir en un lugar seguro, pero para lograrlo, también tenemos que aprender a hacerlo juntos.

Por Waleska Ureta Cañas, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes