La categorización del litio como un mineral estratégico no concesible en Chile implica que cualquier actividad relacionada con su exploración, explotación y beneficio debe ser autorizada por el Estado, diferenciándose significativamente de los minerales concesibles, como el cobre. Mientras que la concesión faculta al titular para desarrollar proyectos sujetos al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el litio está sujeto a un control y condiciones más estrictas, que se manifiestan a través de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL).
En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate la idea de que el litio debería hacerse concesible. Este enfoque pragmático sugiere que liberalizar el acceso al litio podría acelerar su desarrollo, atraer más inversiones y resolver el conflicto que surge cuando se han otorgado concesiones mineras sin derecho a litio sobre salares en los que un tercero distinto al titular de la concesión obtenga un CEOL. Se trata de un llamado a dejar que el mercado opere, con la esperanza de que el laissez-faire se traduzca en mayores ingresos para el Estado, mientras se reduce sustancialmente el control del país sobre un recurso que sigue siendo estratégico, ya no por sus eventuales aplicaciones nucleares como se pensaba en los 70, sino por tratarse de un mineral crítico que es central en la transición hacia la electromovilidad, lo que lo transforma en un recurso de gran importancia en el escenario geopolítico del siglo XXI.
El estatus de no concesible del litio permite al Estado definir condiciones específicas para su explotación. Estas condiciones pueden incluir la estructura de regalías, el establecimiento de cuotas de extracción, la reserva de cuotas para la agregación de valor local, formas de participación de comunidades indígenas en la gobernanza, o incluso especificaciones sobre el tipo de tecnologías a utilizar en los proyectos.
Esta capacidad de establecer condiciones específicas implica no solo asegurar una participación adecuada en las rentas generadas por la explotación del litio, sino también definir las condiciones de desarrollo de los proyectos, lo que permite al Estado mantener el control de un mineral estratégico que pertenece a todos los chilenos y chilenas, sin necesidad de comprometer recursos públicos para asegurar una participación mayoritaria en las empresas que operen en la industria del litio en Chile.
La habilitación de nuevos proyectos no pasa por hacer del litio una sustancia concesible y apostar por más mercado, como se ha sugerido, sino que requiere encontrar un adecuado equilibrio entre el control estratégico que la no concesibilidad de este mineral crítico le da al país y la generación de condiciones que permitan el desarrollo exitoso de esta industria. La Estrategia Nacional del Litio busca justamente ese equilibrio y define condiciones que han resultado atractivas para el mercado, según lo demuestran las más de 80 propuestas que se recibieron, de 54 empresas distintas, en el llamado abierto a manifestar interés realizado por el gobierno en las últimas semanas. Este alto interés de la industria augura un escenario competitivo de cara a la apertura del proceso de licitación para la asignación de CEOL que, según ha indicado la autoridad, incluirá cláusulas que permitan ponderar y resolver adecuadamente la eventual superposición de CEOL con concesiones mineras previamente establecidas. Estos avances en la implementación de la Estrategia muestran que vamos por buen camino.
Por Willy Kracht, ex subsecretario de Minería, académico Universidad de Chile
