La alta demanda por litio ha incrementado los precios de este mineral, generando una gran oportunidad para países como el nuestro. En este escenario de altos precios, la estructura de regalías establecidas en los contratos de Corfo, más el impuesto específico a la actividad minera y el impuesto a la renta, se ha traducido en un aumento importante en la recaudación fiscal asociada a litio. Mirando el futuro de esta industria, desde una perspectiva puramente económica, nos podríamos conformar con que el Estado establezca condiciones para aumentar los niveles de producción del recurso y procure mantener un alto nivel de captura de sus réditos. No obstante, afrontar el boom del litio restringiendo la participación estatal solo a esa tarea, representa apenas un beneficio parcial de la posibilidad que tenemos en frente.
En nuestras espaldas cargamos con la memoria de la industria del salitre, el oro blanco del siglo XIX, y las consecuencias de no haber construido una economía robusta ante la irrupción del sustituto sintético que lo desplazó. La historia no se repite, pero rima. Hoy, nuevamente, hablamos de oro blanco, y si bien no aparece en el horizonte cercano un litio sintético, sí podemos suponer que la alta demanda y precios harán que, en el mediano plazo, se encuentre una alternativa viable. La clave para aprovechar esta oportunidad es que construyamos nuevas capacidades, y ahí la presencia estatal está llamada a ejercer un rol catalizador. Esto significa asumir un papel más activo en la coordinación de esfuerzos y crear condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a incrementar la producción de litio chileno. Implica también hacerse cargo del desafío de construir competencias que trasciendan el aporte temporal asociado a la recaudación propia de la extracción y venta de una materia prima.
Esta función catalizadora debe ser entendida entonces desde una perspectiva en la que el Estado participa activamente, con enfoque de largo plazo y visión de futuro, en la construcción de capacidades en colaboración con el sector privado. Se propone así una alianza público-privada capaz de levantar competencias en materias donde hoy no tenemos mucha experiencia, como, por ejemplo, en desarrollo de tecnologías de litio y generación de valor agregado aguas abajo.
Al involucrarse activamente en la industria del litio, el Estado se hace a la vez corresponsable de su desarrollo y sostenibilidad. Bajo esta óptica es que planteamos la creación de una empresa estatal y un instituto tecnológico que posibiliten, de la mano del mundo privado, acelerar la instalación de capacidades a nivel de procesos de extracción, producción, agregación de valor, investigación e innovación en tecnologías de litio. De este modo, el Estado asumiría parte del riesgo asociado a la creación de nuevos negocios de litio; contribuiría a propiciar condiciones para el desarrollo y aplicación de conocimiento avanzado y soluciones tecnológicas; y aprovecharía la oportunidad del boom para dar pasos decididos en industrialización y diversificación de nuestra matriz productiva.
La invitación, por tanto, es a abordar este desafío como política de Estado y alinear esfuerzos público-privados en una colaboración virtuosa que nos permita maximizar las posibilidades. Nuestras nietas y nietos lo agradecerán.
Por Willy Kracht, subsecretario de Minería
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