Columna de Winston Alburquenque: Side letters, COP27 y el riesgo de mercantilizar el medioambiente

Como nunca en la corta historia de los acuerdos internacionales sobre cambio climático ha costado tanto llegar a un consenso como en la COP27, instancia que estuvo a horas de un estrepitoso fracaso. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de conceptos generales y buenas intenciones y otra cosa es mencionar los costos que sufrirán las economías desarrolladas que contaminan más por dejar de producir emisiones, o los subsidios a las naciones pobres que son las que primero recibirán el impacto del cambio climático. Es decir, cuando hablamos de plata, es otra la cuestión.

A diferencia de los tratados internacionales de libre comercio, en que el idioma desde sus primeras versiones siempre son los temas económicos, los acuerdos ambientales han sufrido una mutación que va desde las iniciales declaraciones necesarias y políticamente correctas sobre las que ningún país se negaría a suscribir, a la determinación de quiénes son los culpables del cambio climático y cuánto deberán pagar por ello.

Desde la revolución industrial, la explotación de los recursos naturales se intensificó a escala mundial, llegando actualmente a niveles nunca vistos. La regulación tanto local como internacional para el fomento de dicha explotación, protección de inversiones y sobre todo para la comercialización de los recursos naturales industriales, creció tan rápido como el negocio. De hecho, el primer tratado de libre comercio data de 1860 entre Inglaterra y Francia; de ahí en adelante, los acuerdos comerciales internacionales han proliferado y avanzado tanto en sofisticación y complejidad como en cantidad de países miembros. De ese mismo mundo es que vienen las hoy famosas side letters, que no son más que cartas bilaterales o acuerdos paralelos entre los países que firman un acuerdo multilateral, y que tienen como objetivo modificar partes de dichos acuerdos.

El problema es que el desarrollo económico centró su fuente energética en combustibles fósiles que producen el efecto invernadero a nivel global, y la regulación internacional necesaria para generar un control sobre ese efecto llegó tarde. Las primeras menciones sobre una preocupación del tema fue en Estocolmo, en 1972, pero recién se tomaron acuerdos internacionales efectivos con el Protocolo de Kioto, en 1997. Hoy, con la COP 27, estamos siendo testigos del último eslabón de esa evolución de regulación internacional ambiental y recién ahora se está tomando conciencia de lo difícil que es llegar a acuerdos efectivos cuando alguien tiene que pagar para materializar dichos acuerdos.

En otras palabras, los acuerdos ambientales se están pareciendo cada vez más a los acuerdos comerciales, pero con una importante diferencia: en los primeros, el beneficiado es difuso (el planeta, las personas, los países pobres), lo que hace más difícil llegar a un acuerdo y, sobre todo, de poder generar una aplicación efectiva. Es aquí en donde entran las side letters.

Sin perjuicio de la real eficacia de estas, y que hoy busca conseguir el gobierno respecto del TPP-11, el mayor riesgo es hacer frecuente el uso (o abuso) de este mecanismo para alterar la obligación de cumplir los acuerdos comerciales y que se transformen en una herramienta usada en el futuro para los acuerdos ambientales. La tentación nacerá y se puede caer en ella en próximos gobiernos. Ojalá que Chile no sea un pionero.

Por Winston Alburquenque, profesor UC de Derecho de los Recursos Naturales