El superintendente de Salud dio a conocer los resultados de verificación del porcentaje de adecuación del precio base de los planes de salud de las Isapres, según el fallo de la Corte Suprema.
En esa comunicación se indicó que las alzas para cuatro Isapres serían bajo el tope del 7,6% calculado en marzo de 2022 y dos Isapres estarían autorizadas para aumentar el tope de 7,6%.
El superintendente debe acreditar ante la opinión pública y también en el Parlamento cómo se hizo el cálculo, y cómo verificaron los antecedentes entregados por las Isapres para efectuar el nuevo proceso ordenado por la Corte Suprema. ¿Se mantuvo la misma forma de cálculo o fue modificada?; ¿las Isapres entregaron antecedentes para acreditar los datos utilizados para el cálculo de los nuevos indicadores?, ¿existe concordancia entre los datos utilizados por la Superintendencia de cada Isapre con los estados financieros de cada una?
Lo segundo que preocupa es que nada ha indicado el superintendente de si las nuevas alzas de precios de los planes permitirán darle sostenibilidad financiera al sistema privado, teniendo presente que el ingreso que perciben corresponde a las cotizaciones de salud de sus afiliados, sin que existan subsidios estatales. El superintendente ha señalado que los indicadores financieros establecidos por ley se están cumpliendo y que si bien están en una situación crítica, no se ve riesgo de quiebra.
Lo anterior no se condice con el hecho de que los afiliados están sufriendo cambios en la respuesta de los prestadores de salud; de hecho, hay varias clínicas y centros médicos -principalmente en regiones- que han terminado los convenios de atención con las Isapres, por deudas que ellas mantienen, lo que los afecta directamente como beneficiarios, toda vez que, para acceder a las atenciones médicas, deben pagar el costo total de la misma para, posteriormente, solicitar el reembolso respectivo. No es lo mismo para una persona disponer de plata para pagar el costo total de la atención, a que deba solo pagar lo no bonificado. Este problema no solo afecta a instituciones de la salud, sino que está teniendo un efecto sistémico según dijo el presidente del Regional Valparaíso del Colegio Médico en sesión de la Comisión de Salud del Senado el martes 30 de agosto de 2022.
Así las cosas, el riesgo de quiebra parece ser cierto, las autoridades de salud deberían informar las acciones que tomarán para evitar un desastre en el sistema de salud, donde la alternativa es la atención en el sector público, que también se encuentra en crisis, con listas de espera, falta de médicos especialistas y de personal de apoyo clínico, a lo que se suma que la pandemia por Covid-19 ha provocado cansancio y estrés del personal. En tal sentido, es imperativo que la ministra Aguilera priorice con urgencia soluciones en el sistema público, donde está el 80% de la población del país, esperando por una atención de salud oportuna, más que ocuparse de destruir el sistema privado, sin ofrecer una real alternativa a los problemas de salud de la población.
Por Ximena Rincón, senadora
