La acusación constitucional contra el ministro Ávila es una verdadera cruzada contra la educación sexual y no sexista. Si bien los acusadores –miembros del Partido Social Cristiano y de otros partidos de oposición– la presentan como un reproche a la gestión del titular de Educación (le imputan priorizar excesivamente esas materias en detrimento de otras, como el ausentismo, la deserción, la violencia o la infraestructura escolar), lo cierto es que ella es parte de una arremetida global de sectores conservadores, vinculados comúnmente a iglesias cristianas, en contra de este tipo de regulaciones. Sin ir más lejos, el movimiento “Con mis hijos no te metas”, surgido en Perú en 2016, tiene como objetivo declarado luchar contra las políticas de educación sexual y no sexista que desestabilizan la familia tradicional y sus valores. Organizados como movimientos políticos a lo largo del mundo, esos sectores vienen utilizando las reglas constitucionales como municiones.
Interpretando el derecho preferente de los padres a decidir la educación de sus hijos como una facultad ilimitada e incondicionada, los acusadores afirman que las familias pueden decidir el enfoque de la educación sexual al interior de cada comunidad educativa (lo que ya establece la ley); y también eximir a sus hijos de estos programas. Según ellos, las familias dispondrían de un veto educacional que alcanzaría a sus hijos e, inclusive, a otras familias. Conviene recordar que los programas de educación sexual y no sexista descansan en disposiciones normativas, algunas de las cuales son anteriores a la gestión de este gobierno, cuyo objeto es garantizar el ejercicio sin discriminación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos programas fomentan el aprendizaje escolar de la alteridad, la internalización de normas y valores que reconocen que esos derechos son el corazón de nuestra convivencia sociojurídica. Por eso, resulta llamativo que los acusadores consideren que una actividad pedagógica destinada a promover la igualdad de género, consistente en mostrar que los regalos que reciben niños y niñas están permeados por roles estereotipados, sea una desviación de poder o abandono de funciones por parte del ministro.
Por mucho tiempo, el sistema jurídico dio por sentado que las familias eran espacios de protección y desarrollo de sus integrantes, que debían ser preservados de la injerencia estatal. Casos como el del líder peruano de “Con mis hijos no te metas”, quien fue recientemente acusado por su hija de violencia sexual reiterada, muestran que esa premisa a menudo es incorrecta. A la luz de esto, ¿es razonable que el Estado considere a los NNA como apéndices de sus padres y que supedite la garantía de sus derechos a los que estos crean, hagan o no hagan?; ¿es sensato creer que las familias son necesariamente las mejores proveedoras de conocimientos para el adecuado ejercicio de los derechos de sus hijos y que sus decisiones no afectan los derechos de otras personas?
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile
