Cuando cada agente busca maximizar su beneficio a costa del interés ajeno, la competencia puede no arrojar ni ganadores ni perdedores netos, sino implicar una pérdida para todos. La formulación más conocida de este problema es el dilema del prisionero, propuesto en 1950. Éste puede resumirse así: dos prisioneros, incomunicados entre ellos, se enfrentan al dilema de delatarse recíprocamente o guardar silencio. Pese a que lo más beneficioso para ambos es no acusarse mutuamente (la policía carece de pruebas contra cualquiera de ellos), los dos terminan incriminándose. Dicho ejemplo ilustra que, en contra de la creencia popular, cooperar puede ser más eficiente o racional que comportarse como free rider.
Sin embargo, las conductas de cooperación social son relativamente escasas por varias causas. Muchas veces, ignoramos los efectos de nuestras decisiones sobre otras personas o situaciones por lo que no los consideramos. Además, por muy valioso que sea un objetivo social, a menudo somos renuentes a hacer un sacrificio personal para obtenerlo (v. gr. sacrificar ingresos para mejorar servicios públicos). También, solemos desconfiar de otros. Cuando la desconfianza es visceral y crónica impide la cooperación. Finalmente, hay quienes, simplemente, adhieren a ideas y estilos autoritarios.
El proceso constituyente refleja de varias formas el dilema del prisionero. Aun cuando parece haberse producido un acuerdo sobre la conveniencia de reemplazar la Constitución de 1980, los aspectos prácticos de la adopción de un nuevo texto (quién y cómo se escribe y, sobre todo, cuál es su contenido), han fomentado división en lugar de cooperación. De hecho, las exhortaciones a construir una casa común (metáfora que, aunque controversial, tenía la virtud de evocar un proceso colaborativo), han sido progresivamente desmentidas por las prácticas de los intervinientes. Desde luego, hay quienes han demostrado una genuina disposición a cooperar -un ejemplo es la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga-, pero no ha sido la regla general. El espíritu de discordia ha campeado alcanzando el paroxismo en el cierre de esta etapa. El presidente de la UDI, por ejemplo, ha emplazado al gobierno a pronunciarse por una de las opciones del plebiscito, distorsionando así el propósito de dicha consulta. La presidenta del Consejo Constitucional ha hablado recientemente de “atrincheramiento” de la izquierda. Sin embargo, no parece que desde el Partido Republicano haya habido una “invitación para cooperar” sino, más bien, un intento de imponer un grupo de cláusulas calificadas por sus propios representantes como identitarias. Aun cuando estas y otras conductas se presenten por sus autores como reacciones frente a la falta de cooperación ajena; o como esfuerzos bien intencionados de hacer avanzar al país, es muy difícil (y a veces solo el tiempo puede decirlo) que la apuesta de jugar una carta personal se salde finalmente con una ganancia colectiva.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
