En una reciente entrevista el senador Araya decía, a propósito de la futura elección de la cabeza del Ministerio Público, que le han manifestado al gobierno (no precisó quiénes) que “aquí el tema de género no corre”. Según el senador, se necesita un buen fiscal nacional, sea hombre o mujer, para ordenar la Fiscalía y garantizar una conducción firme de la política criminal enfocada en los problemas de seguridad. Esa afirmación, aparentemente neutra y juiciosa -¿quién podría objetar que la persona que desempeñe tan importante función deba ser idónea?- emana de una premisa muy controvertida: el mérito se opondría a una política destinada a cerrar la brecha de género en la cúspide del sistema justicia. Como suele ocurrir cada vez que se alerta de tamaño riesgo para la meritocracia, la sospecha de que las mujeres están per se menos calificadas que los hombres aflora.
La evidencia muestra que la falta de idoneidad femenina es, en realidad, un mito. La filósofa española, Celia Amorós, sostiene que ella deriva de la “falta de investidura”, es decir, del déficit de autoridad social de las mujeres, el cual origina que sean vistas como menos confiables cuando ejercen funciones de poder. Los hombres, en contraste, disfrutan de un sobreexcedente de esa investidura. Por eso, las escasas mujeres que se adentran en espacios de poder, a sabiendas de que son vistas como peces fuera del agua, tienden a acumular méritos excepcionales para contrarrestar ese efecto. A menudo no lo logran. En 1986, dos periodistas del diario The Wall Street Journal acuñaron la expresión “techo de cristal” para designar un conjunto de barreras invisibles, capaces de frenar la movilidad ascendente de las mujeres, pese a poseer de sobra los conocimientos, credenciales y competencias para hacerlo.
En suma, el mérito femenino existe y en abundancia, solo requiere para relucir condiciones socioculturales que no lo sepulten. Por eso, varios informes de órganos internacionales llaman a los estados a remover las barreras institucionales y culturales en la provisión de los más altos cargos del sistema de justicia. Sabemos que cuando la designación es hecha por órganos políticos priman los criterios políticos y se activan las llamadas old boys networks (redes formales e informales masculinas). Esto despierta la renuencia de muchas mujeres, a quienes las lógicas y prácticas del poder les resultan ajenas. También fomenta una idea del mérito que coincide con atributos masculinizados. No es casual que, para perfilar la figura del fiscal nacional, se piense en alguien que se concentre en los “portonazos” y no en los delitos de violencia intrafamiliar; alguien que “ponga orden” en lugar de una persona inmune a la corrupción (atributo, según la evidencia disponible, que estaría más del lado de las mujeres que de los hombres). Lamentablemente, hay quienes teniendo la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a una transformación urgente han decretado que el “género ya no corre”.
Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
