“Mentiroso, Mentiroso”. Ese es el título de un popular filme, de 1997, protagonizado por Jim Carrey. En este, un abogado mentiroso e inescrupuloso, tras el deseo de cumpleaños de su hijo, es mágicamente compelido a hacer todo lo contrario: decir la verdad y actuar honestamente. Además de su capacidad de arrancar carcajadas, la película tiene la virtud de ilustrar las sensibles y complejas consecuencias de la hipocresía y de la sinceridad en la vida social. Una complejidad que a menudo ignoramos o simplificamos. En efecto, tanto la falta de sinceridad como la sinceridad descarnada acarrean graves problemas sociales. Para que aflore la confianza interpersonal e institucional y se fortalezca la cohesión social, requerimos una cuota importante de sinceridad en nuestras relaciones y comportamientos. Pero, es un hecho indesmentible que, sin un catálogo básico de rituales convencionales de cortesía, cuya función es enmascarar pensamientos y emociones, la vida en comunidad no podría prosperar.
Esta observación es útil para pensar otras cuestiones de relevancia democrática, como el concepto de interés público. Este -un estándar habitual a la hora de administrar las tensiones entre libertad de información y privacidad- ha salido al ruedo a propósito de las filtraciones de los chats entre Cariola y Hassler. No cabe duda de que la libertad de información es vital para la democracia, pero eso no implica que la divulgación de toda información sea en interés de la democracia. Conviene, por tanto, dilucidar qué puede contar como interés público. Hay quienes asumen que este equivale al interés del público. Podría, entonces, publicarse lo que concite curiosidad general; en particular, los “sabrosos” comentarios críticos o malintencionados, emitidos bajo el velo de lo privado. El interés público se traduciría en lo que vende más periódicos o suscripciones, sube ratings o permite “golpear” con una primicia. Hay otros que parecen pensar que el interés público es funcional a la lucha política; y puede ser usado como munición, según el caso, por unos sectores o por sus contrincantes. A la larga, todos se benefician. Los daños personales o la confianza pública serían efectos colaterales inevitables.
Pareciera que la ciudadanía no comparte ninguna de esas tesis. Según la reciente encuesta Cadem, un 79% de los consultados conoce las referidas filtraciones; pero un 76% está en desacuerdo con que se publiquen conversaciones privadas entre amigos, y un 73% señala lo propio respecto de aquellas que afecten o dañen la honra de terceros. Además, un 83% atribuye las filtraciones a motivaciones no altruistas-económicas (48%) o interesadas (35%)- descartando, en general, que sean el fruto de la labor periodística (opción elegida por el 11%).
La ciudadanía adscribe, así, a una noción de interés público que equilibra la protección de la privacidad con el resguardo de la democracia, a diferencia de quienes la instrumentalizan. He ahí un ejemplo a destacar y a seguir.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
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