Un escándalo político puede definirse como una reacción de indignación pública por lo que se percibe como una desviación de poder. Este se produce por un súbito interés ciudadano hacia una determinada situación que antes permanecía oculta o normalizada. Tal definición calza bien con lo ocurrido en la investigación del llamado “caso audios”, el cual ha terminado por salpicar -o habría que decir “trasquilar”, dado los resultados de la última encuesta Cadem- a algunas de nuestras más importantes instituciones.
Aun cuando el desenlace procesal de esta trama está pendiente, es importante tomar nota que algunos de sus elementos no son del todo inéditos ni tampoco excepcionales. Ella se teje alrededor de la figura de un carismático y bien conectado abogado -Luis Hermosilla-, que cultiva una práctica cultural chilena relativamente tolerada: el “pituto” o intercambio de favores. Según Emmanuelle Barozet, el “pituto” es una forma de reciprocidad entre individuos de un mismo círculo o nivel social que permite, mediante vínculos informales, mantener una solidaridad orgánica entre cercanos.
Así, una de las cuestiones que subyace a este caso es la necesidad de fijar una frontera clara entre el uso legítimo de formas de influencia social y el tráfico de influencias. 0, dicho de otra forma, evitar que esas aguas se entremezclen y enturbien. Después de todo, cuando la red vincular atraviesa un amplio espectro de espacios de poder (lo cual es más probable cuando esos vínculos tienden a concentrarse, como ocurre en Chile), se posibilita un ejercicio sistemático, corrosivo y a gran escala del clientelismo. Este escándalo es una oportunidad para abrir una deliberación seria tendiente a evitar que el “pituto” se cuele por los entresijos de un sistema poroso, corrompiéndolo. Sería lamentable, entonces, que solo sirva para estimular el morbo o elevar el rating; más lamentable que se transforme en un arma arrojadiza para obtener réditos políticos, parciales y de corto plazo.
Por eso, la discusión sobre el mecanismo de nombramiento judicial -uno de sus coletazos- merece ser tomada en serio. Sin ir más lejos, hasta el año 2015 el llamado “besamanos” (una práctica consistente en reuniones privadas en las que el mérito del postulante a un cargo judicial era sustituido por sus vínculos sociales) era una práctica cuasi institucional. Es verdad que se ha avanzado en transparencia y objetividad, como acaba de recordar la Corte Suprema en un comunicado que alude a la inclusión de audiencias públicas en la selección de integrantes del máximo tribunal. Pero también es verdad que el sistema de nombramientos, sobre todo en las altas cortes y el Ministerio Público, es todavía muy permeable a la influencia sociopolítica. Así ha quedado de manifiesto en los últimos nombramientos de esos órganos. Tomarse en serio este asunto no es solo tomarse en serio la separación de poderes, también el acceso igualitario a los cargos públicos, y a la justicia.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile
