Pese a la obsecuencia del Poder Judicial durante la dictadura, los tribunales chilenos han gozado históricamente de una reputación de autonomía frente a otros poderes del Estado muy superior al promedio latinoamericano. Lo anterior puede haber contribuido a la normalización de prácticas de influencia indebida en nombramientos judiciales y a la proliferación de formas de clientelismo o corrupción. Sin embargo, hasta los recientes escándalos, la clase política -y también buena parte de la academia- han minimizado el problema. Se ha confiado desmesuradamente en la cualidad performativa de las cláusulas, constitucionales y legales, que reconocen la independencia e imparcialidad judicial, y sobreestimado el apego irrestricto a la ley como garantía de despolitización de la judicatura y paradigma del buen juez. Chile se ha comportado, como Hadleyburg, el pueblo ficticio creado por Mark Twain, cuya fama de ser la población más íntegra de la región alimentó por décadas una supremacía moral traspasada de generación a generación. Pero, como Chile, un día Hadleyburg sufrió un grave tropiezo. Ofendió con la displicencia de quien se siente superior a un forastero. Este se propuso castigar su vanidad con un legado de deshonra, corrompiendo al pueblo. ¿No comprenden ustedes, seres simplones, que la más débil de todas las cosas débiles es la virtud que no ha sido probada a fuego? -espetó el forastero su lúcida lección.
La independencia y la imparcialidad de quienes administran la justicia son virtudes que se ponen a prueba particularmente respecto de ciertos actores y en ciertas circunstancias. Quienes ocupan posiciones de máximo poder e influencia (los que nombran y los nombrados) están llamados a cultivarlas con especial esmero. Pero, como no se trata de virtudes individuales, sino públicas, no pueden quedar entregadas a la conciencia de cada cual, ni tampoco ser concebidas como asuntos meramente gremiales. Los códigos de conducta profesional- como el que anunció la Corte Suprema- desempeñan un papel importante, pero se requiere más: un entramado institucional que sea capaz de producir reglas tan efectivas que todos los intervinientes las adopten regularmente como pauta de conducta. Esas reglas requieren mirar los contextos sociales en los que se inserta actualmente la judicatura. No cabe duda de que la judicatura se ha empoderado, adquiriendo importancia creciente en la decisión pública, pero también está más sujeta a exigencias de legitimidad, transparencia y representatividad. No hay una receta mágica y sencilla para generar estas reglas. Pero lo aconsejable, mirando la experiencia comparada, parece ser implementar un set de reformas que apunten a cambiar no solo quién realiza los nombramientos sino sobre todo cómo estos se hacen. Promover la competencia de personas idóneas, idear perfiles de cargo adecuados y conocidos, revisar el modelo de audiencias y garantizar entrevistas objetivas y homologables, parecen ser parte de este camino.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
