El gobierno acaba de reactivar la reforma previsional anunciando indicaciones que cambian la distribución original del 6% de cotización adicional. Se propone que un 3% de este se destine al seguro social, 2% a la capitalización individual y el 1% restante -la novedad- fortalezca la empleabilidad femenina y el acceso a la sala cuna. Además, este último beneficio busca ser transformado en un derecho universal de todo trabajador, sea mujer u hombre, e incondicionado (desvinculado del número de mujeres contratadas).
Muchos han visto en la dimensión de género antes referida un intento de “mezclar peras con manzanas”. Mientras otros reconocen la pertinencia del género en el debate de pensiones, pero discuten la idoneidad de las medidas propuestas. Mi intención aquí es mostrar que la cuestión de la igualdad de género, cuya materialización puede discutirse en términos de sus mecanismos y efectos concretos, llegó para quedarse.
En 2000, un estudio de la OIT advertía que el 90% de la población mundial activa carecía de sistemas de seguridad social que garanticen pensiones futuras suficientes. Poco importa si dichos sistemas estaban bien gestionados (como los de los países de la OCDE), eran solidarios, de capitalización individual o mixtos. Todos requerirán en un futuro cercano, en mayor o menor medida, mecanismos plurales e incrementales de financiamiento (principalmente, alzas en impuestos y cotizaciones), aplazar la edad de jubilación efectiva y mejorar sustantivamente la tasa de participación femenina en el empleo.
El destino de las pensiones está, así, unido a la capacidad de los sistemas de seguridad social de adaptarse a los cambios de género. Por un lado, las mujeres controlan la llave de la natalidad, la que depende del precio que están dispuestas a pagar por cuidar. Por otro, las brechas de género en las jubilaciones, de más en más, son una métrica usada para evaluar la legitimidad de cada regulación. Por ejemplo, la reciente reforma francesa de pensiones, impulsada por Macron, fue resistida por la ciudadanía, entre otras cosas, porque amplificaba brechas de género (las francesas reciben, en promedio, una pensión 40% inferior a la de los hombres).
Hay quienes creen que para revertir la caída de la natalidad basta con repetir, más o menos, las recetas de antaño o “comprometerse” con una igualdad de género que avanza al lento compás de los cambios culturales. Pero lo cierto es que el tiempo corre, rápido y en contra. Si antes los sistemas de seguridad social estaban en equilibrio al sincronizarse con roles de género tradicionales y claros, eso ha cambiado irreversiblemente. Es improbable que las tasas de natalidad y de empleabilidad femenina mejoren si no se mejoran las condiciones familiares y sociales para cuidar. Tampoco es probable que las brechas de género se acorten si las mujeres siguen, como hasta ahora ocurre, condenadas a los trabajos informales o discontinuos. Llegó la hora, entonces, de adaptarse al cambio.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile
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