Se dice que Edward Murphy, un ingeniero aeroespacial, ante un trabajo defectuoso de un asistente exclamó: “Si él tiene la menor posibilidad de cometer un error, lo hará”. Esta anécdota dio origen a la ley de Murphy. Esta suele formularse de la siguiente manera: “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Aun cuando no se trate de un teorema científico, sino de un aforismo, ella encierra bastante sabiduría. Alerta sobre la posibilidad de que un sistema social caiga en estado de desorganización, crisis o caos; y muestra que no hay que ser demasiado optimistas cuando de reingeniería político-social se trata.
El largo proceso constituyente chileno, iniciado en 2015, se ha comportado según los dictados de esta ley. Toda posibilidad de que algo saliera mal se ha concretado. Primero fue la negativa del gobierno de Piñera de proseguir la tramitación del texto enviado por la expresidenta Bachelet al Congreso, ignorando así los síntomas de conflictividad social y el desgaste del sistema político-constitucional. La segunda etapa constituyente culminó con un amplio rechazo al texto elaborado por la Convención. Quedó en evidencia de esta forma que gozar de una suerte de mística popular no es suficiente para asegurar una sintonía con la ciudadanía.
En esta tercera etapa todo llamaba a la cautela, pero el Consejo Constitucional ha desdeñado cultivar una actitud que conjure un tercer fracaso. En lugar de ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta hacia el futuro, una bisagra que permita articular la pluralidad y complejidad de la sociedad chilena, el texto aprobado por el Consejo está impregnado de una orientación regresiva. Rezuma nostalgia de un constitucionalismo moralista. Para comprobarlo basta ver la sobreprotección que otorga a las libertades religiosas y a la objeción de conciencia, las barreras puestas a la regulación del aborto o la asimetría en la regulación de derechos parentales en comparación con los derechos de niños y adolescentes. La propuesta se aferra, como un náufrago a una tabla de salvación, a los principios cardinales del proyecto jurídico-político de Jaime Guzmán, en especial, al principio de subsidiariedad. Vacía con ello de contenido transformador a la cláusula de Estado social exigida por las bases. También radicaliza la desconfianza hacia el Estado, comprimiendo más que la Constitución del 80 la esfera de regulación y control de la administración del Estado. En simple: el Sernac y otros órganos se quedan “sin dientes”. Además, en su último discurso, su presidenta, Beatriz Hevia, ha extremado el tono hostil. Como quien acelera un mal trago, ha llamado a cerrar el proceso constituyente, dirigiéndose solo a “los verdaderos chilenos”.
“Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, decía el Presidente Boric hace unos meses. Hay quienes han esgrimido esas palabras como una razón para votar por el “A favor”. Sin embargo, ellas únicamente prueban que la ley de Murphy merece ser tomada en serio.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
