“Quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. […] Yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales pude haber afectado”. Con esas palabras, José Antonio Kast explicaba la sorprendente sustitución de su programa de gobierno por otro, en medio del último balotaje presidencial. La versión primigenia de dicho documento contemplaba, entre otras cosas, la eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la derogación de la ley de aborto en tres causales. En la segunda versión, en cambio, todo un capítulo se consagraba a “la mujer chilena”.
En la discusión constituyente se ha replicado esta ambivalencia respecto de los derechos de las mujeres. Las enmiendas presentadas por la bancada republicana refuerzan, tanto respecto del anteproyecto como de la Constitución del 80, la protección del nonato, la objeción de conciencia y el derecho de los padres a determinar los intereses y educación de sus hijos (cláusula usada a menudo para frenar agendas de educación no sexista). Se empeñan, además, en licuar la igualdad y la paridad de género, y en “purgar” al texto constitucional de todo lenguaje feminizado.
Sin embargo, sus autores dicen no querer afectar a las mujeres, sino perseguir otros fines. Veamos un ejemplo. Durante el debate de una enmienda republicana que busca degradar la protección constitucional de la igualdad de género, el consejero Luis Silva invocó la necesidad de priorizar lo que a la ciudadanía le importa: la seguridad -argumentó- “demanda del Estado un compromiso mayor que garantizar la equidad entre hombres y mujeres”. Sin explicar siquiera por qué habría conflicto entre uno y otro objetivo, concluyó que la igualdad de género es algo de menor valor, sacrificable.
Tras este estilo cantinflesco, caracterizado por rodeos y una tendencia a no concretar las implicancias de sus propuestas, subyace una decisión consciente y estratégica: silenciar lo inconfesable. En efecto, la autoproclamada “identidad republicana” es incompatible con la igualdad de género. Pero, como quedó de manifiesto con el episodio del cambio de programa presidencial, decirlo puede tener importantes costos políticos. Después de todo, el electorado femenino es decisivo y las mujeres son, en general, reacias a apoyar propuestas que recorten sus derechos.
En el libro Extreme Reactions, Lenka Bustikova sostiene que el proyecto político global de la extrema derecha es hostil y regresivo; se opone frontalmente a las políticas que cambian el statu quo, es decir, que redibujan las relaciones entre grupos dominantes y grupos no hegemónicos; y busca contrarrestar y revertir los logros políticos de estos últimos. Es concebido, entonces, como una batalla cultural de suma cero. Por eso, para muchos de quienes defienden las ideas de ultraderecha, más que una regla basal del juego democrático, el pluralismo es un obstáculo que puede ser removido cuando se vuelve excesivamente molesto.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
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