“Las cifras hablan por sí mismas, la democracia es misógina”. Con esa lapidaria afirmación comenzaba “Al poder ciudadanas. Libertad, igualdad y paridad”, un libro publicado en 1992 que se transformaría en el manifiesto del movimiento europeo por la paridad y en el espolón de un cambio de paradigma político. Las cifras aludidas muestran, entre otras cosas, que si bien mujeres y hombres participan a la par en las elecciones, mientras más importante y concentrado es el poder, el desequilibrio de género se vuelve la tónica. En otras palabras, la participación de género es espontáneamente paritaria solo cuando el poder es difuso y, hasta cierto punto, testimonial.
Es esa realidad la que busca corregir la paridad. Para ello ofrece una nueva manera de pensar la igualdad política, la representación y la democracia. Para quienes defienden la paridad, la igualdad política no consiste solo en sufragar, en un punto de partida formal. Es un estándar de llegada que apunta a estabilizar el equilibrio entre hombres y mujeres en el ejercicio regular del poder político. Por tanto, las elecciones no son solo una competencia por el poder político sino un vehículo para conformar un cuerpo representativo en que las voces femeninas, tradicionalmente excluidas, sean realmente escuchadas y amplificadas. Desde esta perspectiva, ser un representante consiste menos en ser ungido como una figura de autoridad que en reunir ciertas condiciones que hagan plausible la justicia política de género. La paridad no necesariamente impugna que los hombres puedan, en abstracto, representar los intereses femeninos, cuestiona más bien que en los hechos eso ocurra regular y espontáneamente. Las cifras -de nuevo las porfiadas cifras- muestran que la masculinización de la legislatura no ha conducido a una representación adecuada de la experiencia femenina. Esta ha sido sistemáticamente expulsada hacia los márgenes del debate político. Por eso, confiar en la evolución social -como sugería recientemente un consejero constitucional- no parece ser un remedio eficaz. Equivale a postergar indefinidamente la igualdad política efectiva para las mujeres. En efecto, según proyecciones optimistas (hay que recordar que la historia de los avances de género no es lineal sino zigzagueante), el equilibrio paritario espontáneo a nivel mundial podría producirse en unos 130 años.
En el actual proceso constitucional la paridad ha enfrentado críticas que tergiversan su sentido e implicancias. Se ha dicho que ella “mete la mano en la urna”, que “tuerce la voluntad (ciudadana/femenina) al obligar a votar por mujeres” o que es propia de regímenes autoritarios. Sin embargo, la lógica que subyace a la paridad no es muy distinta a la lógica de las leyes económicas antimonopolio. La paridad busca evitar el monopolio masculino del poder político, corrige una competencia inequitativa y garantiza que la “mano invisible de la democracia” funcione correctamente y beneficie por igual a todos.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto Derecho Público Universidad Austral de Chile
