Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile
La Convención Constitucional ha aprobado una Iniciativa Popular de Norma (IPN) presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech). La IPN “Universidades Estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país” (Nº 36.618), propone que en cada región exista, al menos, una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal, que se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y sus servicios públicos regionales, de acuerdo a las necesidades locales. Los fundamentos de la citada IPN se reducen a dos: 1) las universidades estatales han cumplido un rol histórico crucial en el desarrollo del país; 2) el cual se ha visto erosionado por la privatización de la educación superior, el desarrollo de políticas mercantiles de financiamiento y por la competencia descarnada entre las instituciones por el acceso a recursos. En dichos fundamentos no hay referencia alguna al vínculo entre universidades estatales y desarrollo regional.
Hay quienes han argumentado, una vez aprobada la norma, que la descentralización de éstas beneficiará a las regiones al dotarles de sus propios motores de enseñanza y producción de conocimiento. Este argumento parece convincente, pero ignora o relativiza un hecho público y notorio: dentro de las llamadas universidades tradicionales (creadas antes de 1981), hay instituciones regionales de larga data, creadas por y para sus comunidades. Es el caso de la Universidad de Concepción, la tercera más antigua de Chile, y la Universidad Austral de Chile, fundada en 1954; ambas situadas en el sur del país.
Dichas universidades son corporaciones de derecho privado porque han sido creadas por las comunidades en que se enclavan. Ellas han descentralizado la formación profesional y la producción del conocimiento, no solo en términos geográficos sino culturales. En efecto, han dislocando los intereses, problemáticas y prácticas que tienden a hacer de la enseñanza e investigación universitarias un reflejo de la hegemonía del centro del país. También han debido sustituir al Estado en la prestación de educación superior de calidad. Gracias a la autonomía universitaria, en sus estructuras y procesos se ha afianzado una auténtica impronta territorial, resultado de un tejido de interacciones colaborativas, construido por décadas, punto a punto.
Nada indica que la diseminación territorial de las universidades estatales pueda, de la noche a la mañana, sustituir este equilibrio virtuoso. Hay buenas razones para avanzar en un régimen público de la educación superior y para frenar una mercantilización cimentada en una doctrina hipertrofiada de la subsidiariedad. Pero, régimen público no es lo mismo que actividad estatal, y mercado no es lo mismo que interacción comunitaria. Sería paradójico que, para alcanzar la descentralización de la educación superior, se sacrificara a las universidades regionales.
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