Columna Juan Pablo Cardenal: Caza mayor en China
Pocos dudan de que las campañas anticorrupción en China se proyectan selectivamente contra todos aquellos que desafíen la autoridad de Xi, alcancen popularidad excesiva o no muestren la debida lealtad.
Nadie está libre de caer en desgracia en la China de Xi Jinping. Así lo prueban las destituciones hace semanas del entonces ministro de Exteriores, Qin Gang, y hace días, de los generales encargados de la unidad de élite que administra el arsenal nuclear de China. La defenestración de estos altos funcionarios chinos está rodeada de misterio como consecuencia de que, por la naturaleza opaca del régimen comunista, Beijing no haya dado ninguna clase de explicación a la opinión pública sobre el asunto. La falta de transparencia ha alimentado los rumores.
Sobre Qin Gang, exembajador en Estados Unidos y protegido del presidente Xi, se especuló primero con supuestos problemas de salud y con su romance extramarital con una periodista china con la que tuvo un hijo en EE.UU., cuya nacionalidad estadounidense sería vista como una vulnerabilidad para la seguridad nacional. Luego se abrieron paso otras causas, entre otras su impericia para estar a la altura de su cargo o la cacería desatada por sus detractores luego de haber sido ascendido por encima de otros candidatos con más experiencia.
Entre ellos, su presunto enemigo Wang Yi, a quien Qin sustituyó en Exteriores en 2022 y restituido ahora como canciller tras la purga. Más moderado y pragmático que los camaradas vinculados a la diplomacia del guerrero lobo, Qin tenía al parecer una visión del mundo que no coincidía con la de su predecesor, en especial con respecto a la “asociación sin límites” concebida con Rusia. Sobre los dos generales chinos sólo se sabe que hay una investigación en curso por corrupción. El destino de todos ellos no se intuye halagüeño. Desaparecerán para siempre de la vida pública y posiblemente acabarán en la cárcel.
Así ha sido en el pasado. Bo Xilai, carismático exministro que rivalizó por el poder con Xi, fue condenado a cadena perpetua en 2013. La misma condena recibió poco después Zhou Yongkang, conocido como “zar de la seguridad nacional” al servicio de dos expresidentes y miembro del todopoderoso Politburó. Más recientemente, Meng Hongwei, exjefe de Interpol, cumple 13 años de condena por corrupción, acusación recurrente en la tradición política china para eliminar facciones rivales y enemigos políticos.
Con Xi Jinping, este proceder se ha llevado al extremo. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el brazo anticorrupción del Partido Comunista chino (PCCh), castigó a 592.000 funcionarios el año pasado. Cuatro décadas de “milagro chino” incitaron una corrupción galopante que, antes de la llegada de Xi al poder, se percibía como una de las mayores amenazas para la supervivencia del PCCh. Aupado como hombre fuerte de consenso para guiar a China con mano de hierro, Xi se propuso combatir esta lacra como factor de legitimación ante el pueblo chino.
Sin embargo, más allá de este buen propósito, pocos dudan de que las campañas anticorrupción se proyectan selectivamente contra todos aquellos que desafíen la autoridad de Xi, alcancen popularidad excesiva o no muestren la debida lealtad. Un sistema de miedo que permite a Xi imponer su liderazgo absoluto dentro del PCCh y que incluye humillaciones públicas como la sufrida por el expresidente Hu Jintao en el cónclave comunista del pasado año.
Y que alcanza también a figuras prominentes de la sociedad civil, como el empresario Jack Ma, presidente de Alibaba, quien recientemente fue disciplinado por el partido y estuvo desaparecido durante un año. Sin transparencia ni garantías, este es el sistema vigente en la China de Xi que busca ejercer el poder sin interferencias ni voces críticas. En este contexto, nadie está a salvo en China.
Juan Pablo Cardenal es periodista y escritor especializado en la internacionalización de China. Editor de Análisis Sínico en www.cadal.org