El gobierno, luego de acusar una conspiración contra el ministro Jackson en el robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, abandonó esa tesis y ahora dice que se trata de un robo común en la modalidad de cuento del tío. La pregunta que uno se hace es si el cuento del tío no lo estarán contando los políticos de Revolución Democrática, que sustrajeron del Estado miles de millones de pesos para entregarlos a fundaciones manejadas por amigos y ahora pretenden simplemente eliminar evidencia.
Las sospechas nacen porque el gobierno, en lugar de llegar al fondo del asunto que estalló con la fundación Democracia Viva, ha intentado por todos los medios, desde el primer día, encapsular las irregularidades culpando a autoridades menores, lo que no es creíble. No es creíble porque como lo ha demostrado el director de Radio Bío-Bío Tomás Mosciatti, aquí estamos ante un mecanismo, copiado al político español Iñigo Errejón, para hacer un copamiento de la sociedad civil y el territorio con el objeto de hacer política en el futuro desde fuera del gobierno, pero con recursos del Estado. Es decir, un esquema para defraudar al Fisco que no fue ideado por un Seremi de Antofagasta o un jefe de gabinete, como nos quieren hacer creer, sino que está dirigido desde más arriba. Es responsabilidad del Ministerio Público determinar quiénes han cometido delitos, pero parece obvio, como mínimo, que la diputada Catalina Pérez debiera estar desaforada y no escondida tras una licencia fraudulenta.
El mecanismo es simple, asignar contratos directamente a fundaciones dirigidas por correligionarios y amigos (varias de reciente formación y sin experiencia ni giro), para realizar tareas innecesarias, o infladas en los precios, que en todo caso podrían ejecutar especialistas y no sus amigos. El sistema ha sido usado ya en nueve regiones y en el Minvu, el MDS y varias gobernaciones, para tareas como pintar fachadas con un costo de 670 millones (por una fundación dirigida por un médico amigo del Presidente Boric que ha recibido varios miles de millones de pesos para labores muy diversas); habilitar una red húmeda y seca en un campamento por 470 millones de pesos; o pintar bancas en la Región de Los Lagos. Una verdadera orgía de dineros públicos repartidos entre los amigos, en lo que constituye el caso de corrupción más importante desde la vuelta a la democracia.
Los hechos son de tal gravedad, que el gobierno debiera estar abocado a investigar prontamente sus alcances para ponerlos a disposición de la justicia. La verdadera trama del cuento del tío debe revelarse. Termino con una apelación personal: el ministerio que por décadas ha sido líder en política social, que trabajó con el mapa de la extrema pobreza y diseñó la Casen, no puede ser hoy teatro de actividades delictuales ni escenario de ladrones.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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