Columna Natalia Piergentili: La seguridad y los dilemas de la izquierda

La seguridad y el orden no son valores ajenos a la izquierda, muy por el contrario, son pilares esenciales de su propósito histórico: proteger a los más vulnerables y garantizar condiciones de vida dignas para todos. Desde sus orígenes, la izquierda ha luchado por un Estado fuerte y protector, que no solo garantice derechos sociales, sino que también resguarde a la ciudadanía frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo su bienestar.

Sin embargo, en las últimas décadas, el discurso progresista ha priorizado la expansión de derechos vinculados a causas identitarias y culturales, relegando a un segundo plano su énfasis en la justicia social. Así, en lugar de proponer soluciones a desafíos como el de la seguridad, se han generado discursos que relativizan o justifican la delincuencia, abogan por una migración sin regulaciones claras y desestiman las inquietudes legítimas de la ciudadanía en nombre de un ‘buenismo’ que antepone principios abstractos a la realidad concreta de la población. Este giro es el que ha debilitado significativamente el vínculo de la izquierda con sus bases tradicionales, que hoy buscan representación en otros sectores.

No es necesario vivir en carne propia una realidad para empatizar con ella y trabajar por su transformación. La política, en su mejor versión, se basa en la capacidad de comprender y defender las necesidades de otros, incluso cuando no se comparten sus mismas circunstancias. Sin embargo, cuando el discurso se distancia demasiado de la experiencia personal de quienes lo sostienen, la credibilidad se resiente.

Qué duda cabe que el gobierno ha tomado en serio el tema de la seguridad y ha impulsado medidas para enfrentar la crisis, pero aun así la desconfianza persiste. Esto no solo se debe a la efectividad de las acciones tomadas, sino a la percepción de que la seguridad nunca fue una convicción real, sino una reacción forzada ante la presión social. Cuando un sector político ha minimizado durante años la importancia de este problema, es difícil que la ciudadanía crea en su compromiso genuino con la solución. Este escepticismo nubla la capacidad de valorar los avances y refuerza la idea de que cualquier esfuerzo en esta dirección es más una estrategia electoral que un cambio de paradigma. En el inconsciente colectivo, la coherencia y la credibilidad pesan tanto como los resultados concretos.

Defender la seguridad no es claudicar en la defensa de los derechos humanos, sino reforzar su sentido más profundo: sin seguridad, no hay verdadera libertad. Sin barrios seguros, el derecho a la educación se ve limitado porque niños y jóvenes deben transitar entre el miedo y la violencia. Sin un combate real contra el crimen organizado, el derecho al trabajo digno se precariza, ya que los pequeños comerciantes y trabajadores informales quedan sometidos a extorsiones o competencia desleal. Sin un Estado firme contra la delincuencia, la igualdad de oportunidades se erosiona, porque solo quienes pueden pagar seguridad privada logran vivir en tranquilidad.

Por ello, la izquierda debe reivindicar su rol como garante del orden justo. Un orden que no reprime, pero que tampoco abandona, que no criminaliza la pobreza, pero tampoco normaliza la impunidad, que entiende que la paz social es una construcción colectiva donde el Estado debe asumir un liderazgo decidido, sin ambigüedades ni titubeos.

Esto no es una concesión a la derecha, sino la recuperación de lo que siempre fue propio: la lucha por una sociedad donde el miedo no determine la vida de las personas, donde la seguridad y otros derechos sean patrimonio de todos, y no un privilegio de quienes pueden pagarlos. Y donde la política vuelva a ser el espacio de transformación real de las condiciones de vida de la ciudadanía, sin dogmas que la alejen de las cotidianas y concretas vivencias y necesidades de las personas.

Por Natalia Piergentili, ex presidenta del PPD.