A partir del 8 de marzo, los aspirantes al Consejo Constitucional podrán comenzar su propaganda electoral para obtener uno de los 50 escaños del órgano encargado de redactar una nueva Constitución. Durante este periodo, los ciudadanos de todo el país verán a los candidatos haciendo campaña en los medios de comunicación, calles y redes sociales. En la región de Valparaíso son cinco los cupos a repartir entre 24 postulantes -organizados en cuatro listas-, los cuales tienen grandes retos para destacar entre sus competidores.
El primer desafío es reencantar a una ciudadanía cansada y desilusionada con el proceso anterior. En la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021 predominaba un sentimiento de esperanza -tras una contundente victoria del “Apruebo” en el plebiscito de entrada-, pero esta vez es diferente. Un estudio realizado por Criteria sobre “Subjetividades ciudadanas en torno al acuerdo constitucional” indica que el 73% de las personas son pesimistas respecto al proceso constituyente. Por lo mismo, los candidatos deberán convencer a los votantes de que, en caso de ser electos, no convertirán al órgano constituyente en un circo.
El segundo reto está relacionado con el primero: cambiar el enfoque de la convención anterior para no jugar con las expectativas de la gente. Temas relacionados a los pueblos originarios o las diversidades sexuales, aunque relevantes, no parecen estar en el centro de las prioridades de la población. Así, la posibilidad de éxito será mayor en la medida en que el debate constitucional se centre en aquellos problemas que preocupan a todos los chilenos de manera transversal. En esta misma línea, es importante que los candidatos no presenten la nueva Constitución como la solución a todos los problemas del país, ya que esto solo generará frustración cuando los votantes vean que la sola aprobación del texto no es suficiente para arreglar temas como la seguridad o la migración, que requieren también de leyes y políticas públicas responsables.
Un tercer desafío será captar los votos de los simpatizantes del Partido de la Gente (PDG) que no pudieron inscribir su lista de candidatos debido a descoordinaciones entre la directiva nacional y la regional. Tomando en cuenta que el PDG obtuvo un 10% de los votos de la región en la última elección de diputados y un 13% en la presidencial, estamos hablando de una cantidad de electores considerables que quedan relativamente huérfanos.
Por último, el cuarto desafío es llevar a cabo una “campaña limpia”. El sistema electoral proporcional (D’Hondt) incentiva a los aspirantes a competir más con los compañeros de coalición, lista o partido que con los rivales en las ideas políticas. Esto es preocupante, especialmente para las dos listas integradas por partidos de gobierno: Unidad para Chile (AD y PS) y Todo por Chile (PPD, PR y DC). Éstas deberán concentrarse en competir y no pelear, ya que después del 7 de mayo tendrán que seguir gobernando durante los próximos 3 años que restan del mandato del Presidente Boric.
En nuestra región, el desafío anterior comenzó con el pie izquierdo por la crítica del candidato del PPD, Marco Antonio Núñez, quien cuestionó la conformación de la lista regional de Unidad para Chile denominándola “Lista Jaime Bassa”, aseverando que varios de los candidatos que la integran fueron seleccionados por el ex vicepresidente de la Convención Constitucional. La reacción de los dirigentes regionales de Apruebo Dignidad y el Partido Socialista no se hizo esperar, instando a rectificar el rumbo y a centrarse en ampliar la base de apoyo al gobierno.
De los 24 candidatos en carrera, algunos han dado muestras de haber tomado nota de las lecciones del proceso anterior y del mensaje que la ciudadanía envió al rechazar contundentemente la última propuesta. En entrevistas y en sus redes sociales, han demostrado una mayor sensibilidad hacia los temas que preocupan a la ciudadanía y han dejado en claro que están dispuestos a trabajar con todas las fuerzas políticas para conseguir un cambio real. Sin embargo, otros parecen estar siguiendo la misma senda que en el pasado, no mostrándose disponibles a dialogar con sus adversarios. Aunque en última instancia, será la ciudadanía con voto obligatorio la que determine si las estrategias adoptadas por los candidatos han sido acertadas o no.
Por Víctor Inostroza, investigador Fundación Piensa
