Una de las principales falencias que ha mostrado el gobierno en materia educativa es su indefinición en cuanto a lo prioritario. Y esto, posiblemente, se deba en gran medida a las anteojeras que le impiden dejar de lado las diversas premisas que, aunque lo impulsaron en sus inicios, hoy debiera repensar. La última Cuenta Pública es evidencia de aquello.
En primer lugar, en lo relativo a la educación pública, el Presidente se remitió a manifestar su satisfacción por los avances que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) experimentaron en el Simce, pasando por alto que los datos correctamente analizados arrojan que, en promedio, estos no superaron la mejora de colegios comparables. Y que su desempeño sigue siendo tan heterogéneo como el que exhibía la administración municipal previa, lo que indica que a la fecha los SLEP no han cumplido con la promesa de ofrecer mejores condiciones para la gestión educativa. Esta omisión, es posible, se deba a la resistencia a reconocer las limitaciones que posee el Estado como administrador de la educación pública y, a su vez, ayuda a explicar por qué el gobierno sigue sin enfrentar con decisión los problemas de fondo en el funcionamiento de los SLEP.
En segundo lugar, al reiterar su compromiso con el término del CAE y una reforma al financiamiento de la educación superior, el Presidente sigue poniendo el foco y los recursos en este nivel educativo por sobre los demás, tendencia que su sector ha venido empujando desde hace años y que ha llevado al país a moverse justo en la dirección contraria a lo que sostiene la evidencia. Así, nada dijo sobre los problemas que existen, por ejemplo, en el financiamiento de la educación parvularia, y que llevan al sinsentido de que niños de igual necesidad reciban del Estado un trato desigual y, en definitiva, recursos insuficientes para asegurar la atención que requieren.
Por último, el Presidente le habló a dos grupos de interés que para él han sido clave, al expresar su preocupación por la denominada deuda histórica y la que poseen los beneficiarios del CAE. El problema es que, en paralelo, pasó por alto otra deuda que le atañe mucho más: la que él y su sector contrajeron con los niños del país cuando, desde la oposición, se negaron a abrir las escuelas durante la pandemia, privándolos del espacio fundamental e insustituible que estas proveen para su desarrollo. El daño provocado por esa resistencia aún parece no haber sido dimensionado y, quizás por eso, está muy lejos de ser reparado con el Plan de Reactivación que, aunque bien orientado, carece de la cobertura suficiente, de metas de corto plazo y de una evaluación de desempeño que lo sustente.
Mientras el gobierno no abandone sus prejuicios, difícilmente logrará avances importantes en materia educativa y, lo que es más grave, seguirá incrementando esa otra deuda, que no es condonable y que cada vez será más difícil saldar.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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