Combatir la violencia escolar con la expulsión no es la vía correcta

Esta columna fue escrita junto a Paula Ascorra, Investigadora Principal Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Directora de Escuela de Psicología Pontifica Universidad Católica de Valparaíso Investigadora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES PUCV.

Los incidentes ocurridos en el Liceo de Aplicación de Santiago que terminaron con personas heridas han vuelto a reflotar el tema de la violencia escolar. La respuesta del Gobierno fue casi inmediata y recordó prácticas de gestión del conflicto que han sido ampliamente cuestionadas en ámbitos académicos y de investigación educacional.

La idea de combatir la violencia escolar expulsando a los estudiantes que exhiben comportamientos violentos y –a todas luces– absolutamente inapropiados, no es la vía correcta para la gestión del conflicto escolar. Las estrategias que tienden a individualizar a los responsables de la violencia, a explicar la conducta violenta de estudiantes aludiendo a problemas psicopatológicos y a judicializar los conflictos de la escuela han sido evaluadas por la investigación en convivencia escolar como una estrategia de bajo alcance que se conoce como "paz efímera".

Efectivamente estas estrategias sí producen paz: logran calmar el conflicto en la escuela y controlar las demandas de estudiantes, profesores y apoderados. El problema es que no logran garantizar la paz de manera estable y duradera. Por lo tanto, lo que se puede pronosticar con certeza es que la escuela volverá a enfrentar nuevos episodios de violencias.

La pregunta, entonces, es ¿por qué identificar y expulsar a la "manzana podrida" de la escuela si no conduce a una paz duradera? Básicamente porque se opera con una interpretación simplificada de la violencia y porque se le resta a la comunidad educativa la posibilidad de instalar recursos que le permitan hacer frente a nuevas situaciones que expresen nuevos malestares a través de otras expresiones de violencia.

Investigadores nacionales e internacionales han evidenciado que la violencia se puede interpretar como un fenómeno o sintomatología de superficie. Es decir, la mayoría de las conductas violentas que logramos ver constituyen solo la punta del iceberg de un fenómeno que tiene un arraigo histórico y sociocultural mucho más profundo. Por lo tanto, la expulsión de un estudiante no elimina la violencia, pues no se hace cargo ni de la historia y ni del contexto en el que ésta surge. Por el contrario, limita la posibilidad de que la escuela desarrolle recursos para enfrentar las crisis, la incertidumbre y lo desconocido. Limitar a la escuelas del desarrollo de estos recursos se vuelve un riesgo, considerando que actualmente vivimos en un mundo de cambios vertiginosos y donde la diversidad es la constante.

Si los establecimientos educacionales comenzaran a expulsar masivamente la pregunta sería, ¿y qué harán esos estudiantes? Una respuesta sería: reformarse solos, con independencia de su historia y su contexto. Otra posible solución sería quedar desescolarizados, lo que se constituye en el principal factor de riesgo de desarrollo de problemas de salud mental y de delincuencia, y finalmente, congregarse todos los estudiantes expulsados en una escuela que los reciba. Por lo tanto, la estrategia de expulsión y el enfoque punitivo que subyace a ella, tiene el riesgo grave no solo de perjudicar el derecho a la educación y a las trayectorias escolares continuas de los estudiantes, sino también de aumentar la segregación no solo académica, sino también socioafectiva.

En este contexto, desde el mundo académico la propuesta es a abordar la convivencia y la violencia escolar de manera integral, con la aplicación de un enfoque educativo formativo. ¡Sí se puede hacer!