Comisión código penal

SEÑOR DIRECTOR

La integración de la comisión que definirá el futuro código penal no es una cuestión meramente estética. El código penal es el principal medio por el cual se fija, de manera permanente -a veces por más de un siglo- lo que como sociedad entenderemos como merecedor de un castigo.

De esta forma, la definición del delito es el punto de partida de la justicia criminal. En base a esta selección de conductas se echa a andar la máquina estatal para castigar ciertas conductas y no hacer nada frente a otras. La historia ha demostrado con creces que este ejercicio está lejos de ser objetivo y que, en su proceso de determinación, conductas altamente dañinas para la sociedad quedan fuera del reproche penal; mientras otras, de dudoso daño social, quedan incluidas por la injerencia de grupos con mayor capacidad de influir en los asuntos públicos.

De ahí que la integración de dicha comisión no sea algo trivial.

A la ausencia de mujeres (como se ha comentado) hay que agregar la inexplicable ausencia de expertos en materias de criminalidad, que no sean abogados penalistas. Solo en esta región del mundo parecemos creer que las materias propias del delito son cosa de abogados, cuando en la práctica e investigación sobre la justicia criminal intervienen también sociólogos, economistas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otras disciplinas.

Si bien, la definición final recaerá en el Parlamento, es esperable que ésta sea fruto de un amplio consenso social y se eviten concepciones restrictivas respecto de la justicia y el delito. Esto, sobretodo cuando la historia de las instituciones penales nos muestra que la acción del Estado recae principalmente sobre los más desfavorecidos de la sociedad.

Pablo Carvacho

Subdirector de Investigación y DesarrolloPrograma Estudios Sociales del Delito