Cómo distribuir el poder

La discusión constitucional ha estado plagada de propuestas sobre temas concretos de orden substantivo. Muchos promueven la necesidad de una constitución feminista, aumentar la protección al medioambiente, mejorar la defensa de DD.HH, entre otros. También hay quienes han centrado su debate en el rol del Tribunal Constitucional o en la independencia del Banco Central. Sin embargo, hay un número importante de temas que han tenido poco espacio y que, en mi opinión, son más importantes para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de nuestro nuevo sistema político. Estos temas se refieren a los sistemas de gobierno y electorales, es decir, en cómo se transfiere el poder desde el pueblo hacia las autoridades.

Cuando hablamos de sistemas electorales no se trata sólo de discutir si nos gusta más el divisor de D´hondt o el de Saint Laguë. Sino que se refiere a preguntarnos si queremos un país donde las distintas expresiones políticas tengan espacios de representación o si queremos excluir sistemáticamente a ciertos segmentos. La pregunta sobre el sistema electoral también es sobre cómo aseguramos la adecuada participación de segmentos excluidos de la población, como mujeres, personas con discapacidad, migrantes, pueblos originarios, diversidades sexuales, entre otros. También se refiere a si vamos a permitir que participen quienes buscan destruir las bases de ese mismo sistema, ya sea promoviendo discursos o prácticas basadas en el odio y la discriminación. Por eso, la discusión sobre sistemas electorales no es un espacio reservado a un par de expertos (usualmente ligados a partidos políticos) que analizan opciones con calculadora, sino que está en la base de lo que queremos construir. No tiene sentido hablar de la protección de derechos si no tenemos un sistema que distribuya el poder entre todos quienes buscan esa protección.

Lo mismo ocurre con el sistema de gobierno. Escuchamos hasta el hartazgo la noción de que Chile tiene un sistema hiperpresidencialista. Pero ¿qué significa eso y por qué nos importa? Importa porque en esa decisión se juega cómo representamos adecuadamente a las distintas regiones y territorios del país, cómo damos flexibilidad y legitimidad a los partidos políticos para perseguir coaliciones que busquen gobernar por ideas y no por cálculos, o cómo aseguramos que nuestros representantes cumplan con sus promesas.

Por ejemplo, un sistema parlamentario, donde los partidos negocien la conformación de gobiernos después de una elección, permitiría que las fuerzas políticas acuerden con sus números en la mano, sabiendo el verdadero peso de sus ideas en la población y priorizando cuáles van a promover. Asimismo, un sistema intermedio puede generar complejidades en peleas de poder, tal cómo ha documentado la ciencia política.

Usualmente, estos temas están cooptados por representantes de los partidos, quienes buscan mantener o aumentar sus cuotas de poder. Así, la discusión usualmente tiene la miopía de quienes buscan cambiar las cosas, pero no tanto (“no nos pongamos creativos”). Sin embargo, una parte importante de esos mismos partidos han tenido que entregar cupos en sus listas a la Convención Constituyente a candidaturas independientes o a personas sin mayores aspiraciones políticas. Eso abre una oportunidad única para discutir estos temas de forma abierta y alejada de intereses menores.

La distribución del poder, ya sea en la forma en que se transfieren votos o en la manera en que las distintas posiciones ideológicas se reparten la representación, está en el principio de las preguntas constitucionales. Desde ahí, podemos pensar en el catálogo de derechos, su protección, los órganos que los sustentan, entre otras cosas. Por lo mismo, tenemos un deber de sacar esa discusión del oscurantismo y ponerla en la base del debate público. Una constitución moderna, progresista y/o feminista sólo será operativa si establece un sistema político basado en esos mismos principios.