¿Cómo proveemos y financiamos la dignidad?

El debate Constitucional se ha realizado, no solo con grados de polarización política extremos, sino que además con un cierto grado de ingenuidad burocrática y sin considerar la realidad financiera del país. Muchos creen que el momento constituyente va a “purificar” y “dignificar” a la sociedad chilena y que –como acto redentor- nos va a librar de males y problemas sociales. Así, la sociedad chilena avanza a conquistar derechos sociales “con gratuidad y calidad”, bajo la pretensión de poder alcanzarlos con un simple plumazo constitucional. Como si bastara la mera redacción de una carta fundamental, cual lista de Papá Noel y agregarle todos los derechos sociales que quisiéramos, para eliminar de paso la escasez y los limites de la recta presupuestaria. Nada más alejado de la realidad.

Debemos reconocer que querer garantizar la dignidad no significa en la práctica poder conseguirla. Pretender aquello es una ilusión constitucional. Es aquí entonces donde debemos afrontar la realidad y preguntarnos: una vez declarada la dignidad en el papel, ¿cómo proveemos y financiamos dicha dignidad?

En momentos de euforia constitucional sería prudente retomar las reflexiones y reconocer la actual situación financiera y burocrática en la cual se encuentra el país. Hay una falta de reconocimiento enorme –sea por ignorancia o sesgo ideológico- con respecto a la realidad de la deuda pública en Chile y a la escasísima eficiencia burocrática del Estado, que podrían seriamente cuestionar nuestra capacidad como país, tanto de financiar como eventualmente proveer dicha anhelada dignidad.

La Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos reveló que cerca de un tercio de los trabajadores del Estado reconoció haber ingresado a sus puestos por “pituto” o “vínculos personales”. El Estudio Nacional de Transparencia muestra que solo dos de cada 10 personas confían en el Estado. Siete de cada 10 personas además tienen una evaluación negativa de su relación con el Estado y en las prestaciones de servicios de éste. El estudio hecho en el 2017 por el CEP identificó que las organizaciones del Estado siguen “viviendo en el pasado” y sus estructuras están diseñadas con lógicas del siglo pasado. El Estado ha crecido mucho y a una velocidad preocupante, pero al mismo tiempo no se ha modernizado ni tornado eficiente a la velocidad con la cual consume recursos públicos.

Esta obsoleta realidad burocrática es alarmante, no solo porque no tenemos un Estado eficiente y diseñado para la ciudadanía, sino porque pone en duda la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad, que no discrimine, trate de forma digna a la gente y no utilice la dignidad como subterfugio para expandir los “pitutos” políticos.

Si hoy el 70% de los chilenos tiene una evaluación negativa del Estado y lo considera discriminador, entonces una nueva Constitución que garantice –en el papel— la dignidad no va a servir de nada. Hemos caído en el error de poner la carreta constitucional antes de mejorar los bueyes de la ineficiente burocracia estatal.

Con respecto a la deuda pública, la situación es igual o más alarmante que nuestro obsoleto estado de burocracia. Chile cerró el 2017 con su deuda pública en los más altos niveles de los últimos 24 años. Debido al aumento de la deuda, se proyecta que esta llegará a ser casi un 40% del PIB en el 2024. Así, el Estado habrá multiplicado por 10 la deuda pública en un lapso de apenas 17 años. Habrá que preguntarse si dicho aumento de diez veces en la deuda pública y el crecimiento de la burocracia del Estado, se habrá traducido realmente en un aumento en la calidad de vida y dignidad de los chilenos. Y si no ha sido el caso, ¿por qué entonces creer que este mismo mecanismo será distinto en el futuro?

Hay una incoherencia en reconocer: que el Estado ha crecido y su deuda se ha multiplicado diez veces y la calidad de vida y la dignidad de los chilenos no ha crecido en la misma proporción. Y, posteriormente, pretender que podemos seguir usando dicha desgastada estrategia (más deuda pública y más Estado) y esperar que el resultado sea diferente. Una rampante deuda pública y un Estado ineficiente nos deberían hacer dudar profundamente de las reales capacidades que posee el Estado -a prescindir de la Constitución buenista que se redacte- de: financiar de forma sustentable la tan deseada dignidad y el poder proveerla de forma eficiente y equitativa a todos los ciudadanos.

Hay mucha ingenuidad si creemos que una nueva Constitución va a solucionar el desafío de la dignidad y ayudarnos a evadir nuestros problemas burocrático-financieros. Al concentrarnos sólo en nuestra euforia y buenismo constitucional, podríamos estar simplemente aumentando la deuda pública y expandiendo la burocracia Estatal. No vaya a ser que por el anhelo de la tan clamada dignidad saltemos cegados al abismo de la burocracia y el sobreendeudamiento.