Por Eugenio Campos Lucero, Fiscal Regional de Magallanes.
Como país estamos atravesando la llegada de una nueva criminalidad más atrevida, más peligrosa y más capacitada, que busca lucrar rápidamente con sus acciones, y cuyos efectos infunden temor en la ciudadanía y dañan el sentir social al incrementar la percepción de inseguridad.
Para hacernos cargo de una persecución penal rápida y eficiente, las nuevas tendencias en materia de investigación se dirigen a atacar la ruta del dinero, es decir, ir tras el patrimonio de las organizaciones criminales para alcanzar a quienes las dirigen y financian. De lo contrario, éstas permanecen operando en el tiempo, expandiendo su territorio, con la potencialidad necesaria para aumentar su giro con el consiguiente debilitamiento del Estado de Derecho.
Un punto de partida, es comprender que los principales delitos de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al contrabando, a la corrupción, al lavado de activos y al tráfico de armas de fuego (por mencionar solo algunos de los fenómenos más habituales), no se pueden combatir con acciones aisladas, ni tan solo con una priorización de la política de persecución penal por parte de la Fiscalía y las Policías. Para generar frutos, junto a lo anterior, es necesario sumar labores preventivas y construir una relación de convergencia y coordinación con todas las instituciones del Estado involucradas. Prueba de ello es la relación directa y mancomunada que se generó a raíz de la desarticulación de la organización criminal más grande detectada al interior de una institución pública y que sustrajo más de 28 mil millones de pesos de caudales públicos desde las cuentas institucionales de Carabineros de Chile, por más de 10 años.
En dicho caso, el esfuerzo coordinado de la Fiscalía, el OS7 de Carabineros de Chile, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y la colaboración rápida, directa y oportuna de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) permitió abrir el cerrojo de las puertas para la investigación penal y patrimonial de los responsables, logrando llevar a más de un centenar de imputados ante los Tribunales de Justicia. Personas que facilitaron sus cuentas bancarias para actos de corrupción y que ahora están condenadas por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, y cuya condena permitió la identificación y congelamiento de millonarios montos y bienes de la organización criminal, a favor del Fisco de Chile.
Es una realidad latente que las bandas criminales se han empoderado, internacionalizado y masificado, que cuentan con más centros de operaciones, que funcionan con una densidad organizativa tal, que muchas veces se va diluyendo el rol de “líder” y el rol de “miembro”, que cuentan con más tecnología y más alcance, que colaboran entre distintas organizaciones criminales con finalidades ilícitas similares, lo que en definitiva se traduce también en la ejecución de planes criminales que implican la comisión de delitos más violentos y de mayor envergadura, así como en patrimonios ilícitos mucho más exuberantes y cuya integración en el sistema económico financiero los hace mucho más difíciles de rastrear.
Por lo mismo, todo lo avanzado no resulta suficiente con la realidad delictiva actual de Chile y también del mundo, cuya evolución no responde a los ritmos legislativos, dejando constantemente desactualizadas muchas de las herramientas legales con que se cuenta para su desarticulación. Por esta razón, es fundamental que las diversas mesas de trabajo interdisciplinario que el actual gobierno está impulsando para analizar el fenómeno de la nueva criminalidad, y en la que participan profesionales de todos los sectores de la sociedad: políticos, parlamentarios, policías, municipios, urbanistas, abogados, fiscales, juntas de vecinos, académicos, entre muchos otros, tengan una planificación clara con objetivos de mediano y largo plazo.
Es justamente en esto último donde me quiero detener. Si bien los equipos investigativos que están a cargo de la persecución de la nueva criminalidad, incluyen la identificación, incautación y decomiso del patrimonio de las agrupaciones y asociaciones ilícitas, aún subsiste en el horizonte una serie de desafíos en materia de política criminal que constituyen un verdadero freno en la desarticulación de dichas bandas. ¿Cómo agilizar la recuperación del botín si existen cortapisas para la ejecución de los bienes? ¿Cómo fortalecer un sistema que -de una vez por todas- le quite oportunamente el patrimonio a las organizaciones criminales? ¿Cómo agilizar la ejecución de la gran cantidad de bienes que han sido decomisados en distintas investigaciones del Ministerio Público por sentencia judicial y que siguen en manos de las organizaciones criminales debido al ineficiente sistema de ejecución de bienes con que cuenta el Estado? Éstas son algunas de las interrogantes que deberían abordarse con urgencia.
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